Ante la posibilidad de la presencia de desastres naturales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lanzó la Estrategia Nacional de Protección Financiera, programa que no se actualizaba desde el primer plan promovido en 2013 y que tuvo el apoyo técnico del Banco Mundial y la financiación de la Embajada de Suiza, Cooperación Económica y Desarrollo (SECO).
Desde entonces, Colombia se ha posicionado como referente mundial en esta materia, gracias a la materialización de diversas acciones como la emisión en 2018 del Bono Catastrófico Sísmico, a través del Banco Mundial, por un valor total de US$1.360 millones entre los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, con un vencimiento de tres años para el caso de Colombia, Perú y Chile y de dos años para México.
Está transacción ha sido la segunda más grande en la historia del mercado de bonos catastróficos y la mayor transacción de seguro de riesgo soberano. El país también ha contado con dos líneas de crédito contingente (Cat-DDO) con el Banco Mundial, US$150 millones empleados para atender los efectos de la ola invernal 2010-2012 y US$250 millones para los efectos del covid-19.
Por su parte, en mayo de 2019, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el departamento de Cundinamarca fueron los primeros entes territoriales en el mundo en formular lineamientos de política pública relacionados con metas en protección financiera, con el apoyo técnico de esta cartera.
Posteriormente, los departamentos de Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Huila, diseñaron y adoptaron sus estrategias.
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Ciudades
Actualmente las ciudades capitales de Bogotá y Medellín, así como los departamentos de Antioquia y Tolima, están en fase de construcción.
Para el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, las lecciones aprendidas hasta la fecha se reflejan en la actualización de la Estrategia Nacional, que se caracteriza por aspectos novedosos como la comprensión del vínculo existente entre el riesgo de desastres y los fenómenos como epidemias, pandemias y el cambio climático.
“La exposición que representan estas amenazas para el equilibrio macroeconómico y la estabilidad fiscal es de suma relevancia, dadas las consecuencias adversas que pueden ocasionarle al desarrollo económico del país y, por lo tanto, deben ser consideradas en los análisis de la política pública relacionada con una gestión integral del riesgo de desastres, particularmente en materia de protección financiera”, explicó.
Es así como las líneas orientadoras que se definen en este documento permitirán una significativa proximidad a la combinación de acciones financieras tempranas que contribuyan con la prudente administración fiscal que promueve el Ministerio de Hacienda, propendiendo por el acceso a recursos económicos que faciliten la respuesta oportuna para cada una de las fases de los desastres: atención, rehabilitación y reconstrucción.
Políticas
Para el Gobierno de Colombia, el riesgo fiscal siempre ha significado un tema de política pública de gran relevancia y es por esto que en los Marcos Fiscales de Mediano Plazo se reflejan las estimaciones de las diferentes fuentes de riesgo fiscal, asociadas con las obligaciones contingentes de la Nación, en donde se evidencia que el riesgo de desastres es el pasivo contingente más representativo, significando el 4,36% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, confirmó las prioridades estratégicas en materia de gestión financiera de riesgo de desastres hacia adelante. “Primero, hemos renovado nuestro acceso a la tercera línea de crédito contingente con el Banco Mundial por US$300 millones y avanzaremos en promover su uso a nivel territorial. Segundo, trabajamos en el marco de la Alianza del Pacífico en los estudios técnicos para la futura estructuración de bonos catastróficos sísmicos e hidrometeorológicos. Tercero, fortaleceremos nuestro sistema de provisiones y aseguramiento ante riesgos de desastres y cambio climático en el desarrollo de asociaciones público privadas en el sector de la infraestructura”.