Se recrudecen los efectos de la violencia en el Pacífico como hace pocos días con un numeroso desplazamiento en el Alto Baudó.

El presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, Marino Córdoba, dijo a EL NUEVO SIGLO que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública los grupos armados imponen su ley en algunas regiones.

EL NUEVO SIGLO: ¿El mayor desplazamiento de población afrocolombiana por la violencia es en Chocó o el fenómeno también es significativo en otras zonas?

MARINO CÓRDOBA: Hemos estado haciendo un seguimiento a la situación de orden público en el territorio colombiano, y sobre todo en el Pacífico, donde están asentadas las comunidades étnicas en su mayor cantidad, y hemos identificado que son varias regiones del Pacífico que experimentan situaciones de confrontación armada, de asesinatos, desplazamiento forzado y de confinamiento.

Ayer se conoció en medios que más de 4.000 personas están confinadas por el conflicto armado en Santa Bárbara de Iscuandé, eso es Nariño. La misma situación ocurre en el Alto Baudó, en Riosucio, en el Bajo Atrato y otros municipios del Pacífico.

El deterioro del orden público en estas regiones se ha ido agudizando desde la firma del Acuerdo de Paz y desde la salida de las Farc, porque han ido llegando nuevos actores armados y por el control del territorio se está ocasionando los desplazamientos, las masacres, los confinamientos, las desapariciones forzosas y asesinatos selectivos.

ENS: ¿Hay presión de los ilegales contra los consejos comunitarios en esta región?

MC: Hay una presión indebida de los actores armados sobre los dueños del territorio étnico. Desde la firma del Acuerdo de Paz para acá, en el compromiso del Estado de asumir las regiones donde las Farc tenía control, este tenía que entrar a trabajar y apoyar a las comunidades, cosa que no hizo.

Hoy hay diversos actores armados que han llegado y vienen a imponer su modelo de justicia, sus leyes, violando por supuesto las tradiciones, las costumbres de las comunidades étnicas, y eso ha llevado a que en el territorio étnico afro e indígenas, hoy quienes mandan son los grupos armados. Ellos son los que dicen qué hay que hacer o qué no se debe hacer, son los que ponen la justicia, y la justicia es la pena de muerte. Esto es una situación muy compleja porque el Estado, la Fuerza Pública está en el territorio, pero la Fuerza Pública no hace nada para garantizar la vida de las comunidades étnicas.

ENS: ¿Han sentido el acompañamiento de entidades del Estado?

MC: Diría que el único acompañamiento que se tiene en territorio hoy es el de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La Procuraduría en su papel de prevención y de acompañamiento a las comunidades en términos de sus necesidades, de sus demandas, y la Defensoría en su papel de garantizar y velar por los derechos humanos de las comunidades, y en ese sentido ambas instituciones han emitido pronunciamientos, alertas, que si bien son importante, se quedan en un vacío porque el Gobierno nacional debería escucharlas y hacer efectivo el llamado de esas alertas.

La Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas que no han sido acatadas por el Gobierno nacional, y donde se menciona de manera específica lo que pasa en territorio étnico.

ENS: ¿En Afrodes cuentan con cifras sobre líderes afro asesinados producto de esta violencia?

MC: No tenemos una cifra concreta de cuántos líderes afro han sido asesinados, pero la Procuraduría General de la Nación ha presentado un informe en el cual advierte que más del 40% de los líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz para acá son afrocolombianos.

ENS: ¿Debería el presidente Duque ir al Pacífico para ver la situación de comunidades étnicas afectadas por la violencia?

MC: Creo que ese sería un mecanismo importante si el Presidente escuchara a las comunidades. Es que una cosa es que el Presidente vaya a una reunión y escuche el clamor de las comunidades, y otra que vaya a rendir informe de lo que ha hecho con las comunidades.

Nosotros lo que queremos es que el Presidente y su gobierno escuchen las necesidades, la situación de las comunidades, y en ese mismo sentido se adopten medidas para garantizar la vida y los derechos de los líderes y de las comunidades afro e indígenas.