La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura que tenían 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes habían sido reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros para hacer parte de la mesa de diálogos. Esto se debe a la gravedad de los actos criminales perpetrados en la región del Catatumbo por este grupo alzado en armas.
La violencia desatada desde el pasado 16 de enero, que originó la actual tragedia humanitaria y múltiples delitos, además de mantener en riesgo la vida e integridad de la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares, se la atribuyó en la red social “X” el Eln a través de uno de sus máximos jefes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”. Hechos ratificados también abiertamente por el señalado cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, Gregorio Manuel Pérez Martínez en tres comunicaciones del 17, 18 y 19 de enero.
Por estas razones, “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 29 de noviembre de 2023”, precisa la Resolución No. 00015 de 2025 emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.
Miembros del Eln a quienes se le reactivan orden de captura
En consecuencia, a partir de hoy cobran vigencia las órdenes de captura contra Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa,
La Fiscalía señaló que la decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que, a partir de la Resolución 00015 de 2025, actúen en el marco de sus competencias. De igual manera, este acto administrativo deroga las resoluciones 0-0825 del 17 de noviembre de 2022, 0-0829 del 23 de noviembre de 2022, 0-0277 del 5 de junio de 2023 y 0-0401 del 18 de agosto de 2023, expedidas por la Fiscalía General de la Nación para suspender las órdenes de captura de los mencionados integrantes del ELN acreditados en su momento por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz.
Desplazados por la violencia
La guerra entre el Eln y el Frente 33 de las Disidencias de las Farc no da tregua en el Catatumbo, elevando el número de afectados en 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, capital de Norte de Santander; Ocaña y Tibú. De acuerdo a las cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, la crisis seguirá en aumento, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre los dos grupos armados.
El ente, en su último corte de ayer 21 de enero, la capital nortesantandereana ha acogido a más de 15.000 personas, mientras que Ocaña ha recibido a cerca de 11.000 desplazados por este conflicto. Asimismo, Iris Marín, quien lidera la entidad, afirmó que las labores de levantamiento de cuerpo se han intensificado, en la medida que los ataques permiten la acción de los grupos humanitarios, dejando entonces la cifra de víctimas mortales en cerca de 110 personas.
Marín puntualizó que desde la Cruz Roja y otras entidades internacionales han contribuido con ayuda humanitaria para los afectados, siendo gran parte de esta dirigida a Tibú, el rescate de 11 personas por parte de uno de los grupos armados; así como la liberación de 20 personas que estaban secuestrados desde el 16 de enero y la liberación de otra decena de personas que se encontraba confinada por parte de los grupos armados sin la posibilidad de acceder a las ayudas humanitarias.
Los hechos siguen generando repudio en el país, en la medida que los grupos anuncian más y mayores movimientos en la región, además de la declaratoria de guerra de las disidencias de alías ‘Calarcá’ contra el Eln, mientras que los líderes del Frente 33 aseveraron que los combates continuarán, aunque de su parte con el respeto a los derechos humanitarios de los civiles.