LA GUERRA entre el Eln y el Frente 33 de las Disidencias de las Farc no da tregua en el Catatumbo, elevando el número de afectados en 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, capital de Norte de Santander; Ocaña y Tibú. De acuerdo a las cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, la crisis seguirá en aumento, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre los dos grupos armados.
El ente, en su último corte de ayer 21 de enero, la capital nortesantandereana ha acogido a más de 15.000 personas, mientras que Ocaña ha recibido a cerca de 11.000 desplazados por este conflicto. Asimismo, Iris Marín, quien lidera la entidad, afirmó que las labores de levantamiento de cuerpo se han intensificado, en la medida que los ataques permiten la acción de los grupos humanitarios, dejando entonces la cifra de víctimas mortales en cerca de 110 personas.
Marín puntualizó que desde la Cruz Roja y otras entidades internacionales han contribuido con ayuda humanitaria para los afectados, siendo gran parte de esta dirigida a Tibú, el rescate de 11 personas por parte de uno de los grupos armados; así como la liberación de 20 personas que estaban secuestrados desde el 16 de enero y la liberación de otra decena de personas que se encontraba confinada por parte de los grupos armados sin la posibilidad de acceder a las ayudas humanitarias.
Los hechos siguen generando repudio en el país, en la medida que los grupos anuncian más y mayores movimientos en la región, además de la declaratoria de guerra de las disidencias de alías ‘Calarcá’ contra el Eln, mientras que los líderes del Frente 33 aseveraron que los combates continuarán, aunque de su parte con el respeto a los derechos humanitarios de los civiles.
La crisis de orden público fue declarada por el presidente Gustavo Petro como “un fracaso de la nación”, quien además cuestionó las medidas de seguridad en el país y el “¿cómo el Eln desplaza desde Arauca a Norte de Santander”.
En la misma jornada, la propia Defensoría también emitió los datos sobre reclutamiento a menores del 2024, en las que se presentó un incremento de 67 casos, un total de 409, respecto a los 342 del 2023. En el informe la defensora puntualizó que 300 de los casos se presentaron en el departamento del Cauca, alertando, una vez más, a las autoridades sobre este flagelo que es señalado como un crimen de guerra.