El exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jaime Ramírez Cobo, rindió un interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante la diligencia, el organismo de control le expuso las alternativas jurídicas a las que podría acogerse, destacando la posibilidad de un principio de oportunidad a cambio de su colaboración con la justicia. Además, se le sugirió la opción de reubicación en el exterior en caso de que decidiera colaborar.
Ramírez Cobo, quien en su rol de asesor mantenía contacto con congresistas y altos funcionarios del gobierno, está implicado en un entramado de corrupción que involucró millonarios convenios de la Unidad de Riesgo, los cuales debían ser aprobados por los asambleístas a cambio de apoyos políticos a las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El exfincionario fue mencionado en chats recuperados por la Fiscalía, en los que se hace referencia a convenios por más de 92 mil millones de pesos para proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La defensa del abogado sostuvo que su cliente explicaría el contexto de estos mensajes, sin embargo, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, presentó contraevidencia que refuerza las acusaciones en su contra. De hecho, la Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad, lo que podría implicar una reducción de pena si colaborara con la justicia. Además, se le sugirió la opción de reubicación en el exterior en caso de que decidiera colaborar.
Este caso obtuvo relevancia debido a los vínculos cercanos de Ramírez Cobo con altos funcionarios del gobierno, incluido el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la futura canciller Laura Sarabia. Además, el proceso judicial ha implicado a varios congresistas, quienes según las investigaciones habrían recibido beneficios a cambio de su apoyo político.
Pruebas presentadas
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien denunció haber sido utilizada para mover estos convenios, y grabaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda que muestran la presencia de los congresistas implicados, incluyendo a Ramírez Cobo, en reuniones clave.
El caso también tiene repercusiones políticas, con el presidente Gustavo Petro defendiendo a su exministro de Hacienda, quien fue acusado de caer en una "trampa" política, mientras el escándalo de los convenios sigue desenmarañándose.