La gravedad de la crisis en el sistema de salud no solo pasa por la inminencia de una parálisis debido a la profundización del déficit financiero de las EPS y el resto del esquema, sino que se traduce en una afectación cada día más drástica de la calidad y pertinencia de la asistencia médica y la preocupante escasez de medicinas. Por lo mismo, desde los entes de control y los altos tribunales se empiezan a tomar medidas de fondo contra altos funcionarios del Ejecutivo.
Una prueba de ello es lo ocurrido en estas tres semanas de 2025. Apenas despuntando el año la Procuraduría General formuló pliego de cargos, por una falta disciplinaria “de culpa grave”, contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023. Se le investiga por haber omitido “tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2.351 medicamentos e insumos médicos, varios de ellos de primera necesidad”.
Las pesquisas comprobaron que Jaramillo solo hasta noviembre de 2023 expidió la resolución que formuló un plan de trabajo para hacer frente a la delicada situación, incluso mediando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas.
Pero no es la única acción judicial que recae sobre el ministro Jaramillo. Ahora la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente a los giros y actualización de los llamados “presupuestos máximos” y, por lo tanto, abrió incidente de desacato al alto funcionario. Los magistrados consideraron que esa falencia no solo pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS, sino el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al sistema.
La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, que declaró fallas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así a otros autos sobre la materia expedidos en 2023, analizó el cumplimiento de las directrices de la Corte sobre los “presupuestos máximos” y encontró que no se había girado oportunamente a las EPS una millonaria suma correspondiente a 2022 y años siguientes pese a los compromisos gubernamentales y apropiaciones presupuestales al respecto. También se determinó que hubo incumplimiento en torno a crear una metodología unificada para la definición y reajuste de este mecanismo, claramente desfinanciado. Y, como si lo anterior fuera poco, ordenó al ministerio ponerse al día con esa cartera morosa y fijó un cronograma de pagos oportunos para este 2025, entre otras medidas.
Como se sabe, los “presupuestos máximos” son los recursos que debe transferir el fondo-cuenta de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las EPS para cubrir los servicios y tecnologías en salud que no hacen parte del plan básico de atención médica, que es financiado con los dineros provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta unidad es el corazón financiero del sistema de salud, pues es la cantidad de dinero que se le reconoce a las aseguradoras por cada uno de los afiliados.
Desde hace varios años, las EPS así como las redes de clínicas y hospitales, el personal médico, las asociaciones de pacientes, industria farmacéutica y demás actores del sistema y de la cadena de proveeduría, han advertido que la demora de la Adres en girar oportunamente los recursos de los “presupuestos máximos”, así como en recalcular adecuadamente el reajuste anual del valor de la UPC han generado un déficit financiero acumulado billonario, que hoy es el principal flanco débil de todo el esquema de aseguramiento y servicio sanitario.
De hecho, el país lleva tres semanas de debate por la decisión del Ministerio de Salud de autorizar para 2025 un incremento de la UPC apenas del 5,36%, cuando el resto del sistema solicitaba subirla entre 14 y 16% como mínimo. Ya las EPS, entes de control, red prestacional y demás actores del sector salud advirtieron de una crisis inminente por esa circunstancia, en tanto la Adres replicó que hay graves inconsistencias en las cuentas que presentan las aseguradoras.
Aunque desde el Gobierno se prometió una mesa técnica para revisar el bajo ajuste a la UPC y, de otro lado, ayer estaban reunidas la Adres y una decena de EPS para analizar lo relativo a los “presupuestos máximos”, lo cierto es que el esquema de atención médica pareciera ir rumbo a una implosión estructural. El servicio médico es cada día más deficiente, crece la escasez de medicamentos y la quiebra asoma en aseguradoras, red prestacional y demás actores. Todo ello mientras el Ejecutivo solo está obsesionado en su polémico, disfuncional y anacrónico proyecto de reforma al sistema que sigue empantanado en el Congreso y para el cual quiere citar a sesiones extraordinarias.