Aunque ningún país del mundo estaba preparado para los retos de enfrentar una pandemia como el covid-19, Colombia le salió al paso y enfrentó la peor crisis de su historia echando mano del Estado Social con la solidaridad.
La emergencia sanitaria, económica y social causada por la pandemia es compleja y sin precedentes. Así mismo lo son las políticas públicas empleadas para mitigar sus impactos. En este orden de ideas, el Gobierno nacional ha tenido que actuar rápidamente con medidas de alta repercusión y ha tenido que invertir y disponer rápidamente de una gran magnitud de recursos.
Fue así que sin una carta para maniobrar debido a la urgencia, el Gobierno acudió a la declaración de emergencia sanitaria para implementar todos los ajustes normativos y de atención para poder enfrentar una de las peores crisis sociales de su historia.
Valiéndose de lo que establece la Constitución, el Ejecutivo decidió implementar un sinnúmero de ajustes normativos, como el auxilio a los ciudadanos que perdieron el empleo, a las empresas, al sector de la salud, a los municipios y a todas las regiones.
Fue enfrentar ese enemigo, al comienzo invisible, del coronavirus que estaba atacando a la población y dejando una cantidad de pacientes y de muertos que nunca había tenido el país por una pandemia.
Con recursos ingentes, la pandemia hizo que al comienzo del contagio surgieran a la luz la inequidad social que desde hace años soportan los colombianos, tanto en el plano laboral como en el financiero, pero también el de la salud. Fue allí donde el presidente Iván Duque y su gabinete emprendió la titánica labor de mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre las poblaciones más vulnerables.
El ministro
En esta labor sobresalió el ministro Alberto Carrasquilla, se convirtió en el pilar fundamental para manejar y conseguir recursos, como lo hizo con los créditos del Fondo Monetario Internacional por US$17.400 millones.
Pero toda esta situación empezó con una pandemia que inicialmente pareció ajena al contexto colombiano, pues los casos de contagio de otros países tuvieron poca relevancia en la cotidianidad nacional. Pero cuando se reportó el primer caso, a mediados de marzo, otra fue la situación.
Como todo era desconocido, incluso sus consecuencias, gran parte de los colombianos aceptaron refugiarse en sus casas, independientemente de los efectos económicos.
Aunque el temor fue denominador común, tanto el Gobierno como los ciudadanos veían cómo les cambiaba la vida. En tres meses de pandemia y de cuarentenas, miles de empresas quebraron y con ellas se perdieron casi cinco millones de empleos. Sin embargo, desde marzo, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a distribuir recursos, sobre todo para las familias más vulnerables.
Ingreso Solidario
El Gobierno, mediante el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, comenzó a irrigar subsidios para Familias en Acción, Jóvenes en Acción, en salud se atendió a miles de colombianos que resultaron contagiados y a las empresas se les otorgó ayudas a la nómina y a la prima, primero de junio y ahora de diciembre.
Este gasto social, que el Gobierno dice que representa casi el 6% del Producto Interno Bruto, fue lo que dio un respiro a miles de ciudadanos. Para fuentes privadas, los recursos utilizados del FOME llegan al 3% del PIB.
Sin duda, desde abril de este año, el Gobierno nacional ha venido dando apoyo económico y ayudas a las familias de Colombia que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza por la crisis del coronavirus. Este apoyo especial durante la pandemia se destina a 3 millones de personas con escasos recursos económicos y se denomina Ingreso Solidario. El presidente Iván Duque extendió esta ayuda, mínimo, hasta junio de 2021.
El Ingreso Solidario está destinado a familias que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado como "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA". La selección de las familias que resultaron beneficiadas la hizo el DNP (desde julio las hace el DPS) a partir del cruce de bases de datos del Sisbén, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.
Ya son miles de personas las que se han visto beneficiadas por este subsidio que, mes a mes, consigna un valor de $160.000 en sus cuentas bancarias o a través de plataformas digitales.
Otra gran ayuda social, ha sido el Programa de Ayuda al Empleo Formal (PAEF), que ha servido para proteger cerca de 3,23 millones de puestos de trabajo. Por medio de la implementación, el Gobierno colombiano giró entre mayo y julio pasado recursos por $2,4 billones para proteger 3,2 millones de empleos, según cifras del Ministerio de Hacienda.
Si bien los empresarios aplaudieron la extensión del programa, también llamaron la atención sobre la necesidad de que este también proteja a las microempresas, que son el grueso del tejido empresarial en Colombia, el 92,4%, según Confecámaras y el Registro Único Empresarial (Rues).
De acuerdo con Rosmery Quintero, presidenta del gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi), “nosotros insistimos en que se protegiera a la microempresa y al trabajador autónomo y no fue posible. No es un esfuerzo tan significativo en términos económicos, porque valdría al menos $560.000 millones para esas 250.000 organizaciones, que en este momento no pueden aplicar a los subsidios”.
El agro
Otro elemento social que ha sido fundamental para que Colombia pueda tener seguridad alimentaria, fue el aporte del agro este año al país. En el primer semestre fue muy bueno en producción, y eso llevó al sector a crecer 6,8% entre enero y marzo, impulsado principalmente por los cultivos transitorios que crecieron 8,6%. Le siguieron, ganadería, silvicultura y acuicultura.
Una de las actividades con perspectivas positivas es el café. Según la Federación Nacional de Cafeteros, este año se va a llegar a la producción de 14 millones de sacos y un aporte a la economía de $9 billones.
De acuerdo con las cifras del Dane, la ganadería creció 1,9% en el primer semestre y la pesca y acuicultura tuvo un crecimiento de 41,3%.
El buen comportamiento del sector se refleja en la evolución de la inflación de alimentos. Las cifras oficiales indican que los precios al consumidor, correspondientes a este rubro, cumplieron tres meses consecutivos en negativo.
Transformación
Por último, con la pandemia, se aceleró la transformación digital del país. Este es uno de los cambios culturales más significativos para millones de colombianos, gracias a la aparición de las nuevas tecnologías que han logrado impactar los hábitos de las personas.
Este hecho ha influido en cambios muy profundos en los modelos de consumo, la experiencia del cliente e incluso en los productos mismos. El más sencillo de entender es el que tiene que ver con las compras en línea; hoy se puede adquirir casi cualquier producto o servicio desde el teléfono celular, lo que no solo ha permitido ampliar el tamaño de los mercados, sino que también mejora la oportunidad en la satisfacción de necesidades para muchos consumidores.
Sin duda Colombia ha vivido un proceso de cambio muy importante en los últimos años, pues la fuerte penetración de internet ha permitido que el ecosistema digital crezca y los ciudadanos utilicen cada vez más las TIC en su vida diaria y en sus empresas.
Hoy, de acuerdo con la ANDI, el 88,2% de las empresas conocen qué es la cuarta revolución industrial.
Colombia tiene en la actualidad la gran oportunidad de adoptar tecnologías de punta, que permitan afrontar los retos que exige la globalización. Desafíos como la eficiencia operacional, la reducción de costos, la expansión a nuevos mercados y la creación de nuevas estrategias de mercado enfocadas en la innovación. Estos factores tienen que ver también con la transformación y el aporte del Estado Social de Derecho.