“Por primera vez, en muchas décadas, hablamos de ponerles impuestos a las capas más ricas de la población para financiar los gastos y las inversiones en la población más pobre del país”, afirmó el presidente Gustavo Petro al sancionar la reforma tributaria para 2023.
Bajo esta idea, preconcebida desde que el mandatario pasó por el Senado de la República, de que los estratos más bajos de la población sufren necesidades por culpa de los grandes capitalistas, se ha trazado el modelo asistencialista, en que el Estado debe gastar a manos llenas cubriendo de subsidios a los más necesitados.
Desde cuando Petro asumió el poder, cada mes surge una idea repleta de subsidios y de gasto en un país que tiene recursos limitados. La lista es larga: renta básica de $500 mil para los que no se pensionen, la propuesta de unificar los regímenes público y privado, en favor del primero, con el fin de utilizar los recursos ahorrados por los trabajadores en los fondos de pensiones para diferentes programas; el desmonte de la industria de hidrocarburos y dejar atrás la economía extractivista, cuando entre las dos actividades le dejan al país $60 billones, y potenciar la producción como una política para enfrentar el cambio climático.
La última medida: pagar $1 millón a cada uno de los 100 mil jóvenes que contribuyan como gestores de paz.
En esa misma línea está su iniciativa de comprar tierras para comenzar una reforma agraria, pero no se sabe de dónde va a sacar el dinero para ello. Se supone que echará mano de deuda para conseguir los recursos.
Con razón en ese momento la calificadora Fitch advertía que “el ministro Ocampo se comprometió a respetar la regla fiscal de Colombia, que busca reducir la deuda neta del gobierno central al nivel ancla del 55 % del PIB y mantener un equilibrio presupuestario primario a partir de 2023. Sin embargo, el impulso de Petro para aumentar los gastos podría llevar a que persistan grandes déficits en el mediano plazo si los ingresos tienen un rendimiento inferior”.
De otro lado, es cierto que hasta el momento el Ejecutivo ha podido contar con la complacencia de un Congreso controlado por la alianza del Pacto Histórico.
No en vano el Legislativo le dio el aval tanto con el Presupuesto para 2023, como con la reforma tributaria. Tanto es así que el gobierno del presidente Petro dispondrá de un Presupuesto General para 2023 de $405,6 billones.
El monto del Presupuesto General avalado por las comisiones económicas provendrá de los ingresos tributarios –que presentan uno de los menores dinamismo de los últimos años–, de recursos provenientes del Banco de la República, Ecopetrol y de fondos especiales.
El gobierno actual ha llevado al Congreso una propuesta fiscal de $25 billones para financiar los programas sociales y aminorar el déficit fiscal, que se acerca al 8 % del PIB teniendo en cuenta el faltante que presenta el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que según estimaciones de miembros de la presente administración puede superar los $38 billones a finales de este año.
Las limitantes
Por otra parte, dentro de los compromisos financieros del Gobierno están los que figuran en la regla fiscal que se suspendió durante la pandemia, pero luego se retomó en 2021 con las metas de déficit para los próximos años que fueron de 4,7 % en 2022, de 1,4 % en 2023 y de 0,2 % en 2024. Para 2025, debe haber –se supone– un superávit fiscal de 0,5 %. Estas proyecciones hacen que en 2023 el Gobierno deba frenar drásticamente el gasto, si quiere cumplir la regla.
Ahora sí se entiende por qué el presidente dice que tiene una norma muy estricta: quisiera gastar a manos llenas, pero no puede porque hay una ley que se lo impide. Al fin y al cabo, aun si es para financiar auxilios y programas sociales, endeudarse más de la cuenta podría ser mucho más costoso, debido a que las tasas de interés serían más altas.
Los combustibles
En su última revisión de metas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reiteró que un subsidio a los combustibles de cerca de $38 billones anuales es insostenible. De allí que respaldó la propuesta del Gobierno de aumentar los precios de los combustibles a partir de octubre para empezar a disminuir el déficit del FEPC.
El Comité dijo que el alza debería estar enfocado en reducir los diferenciales con los precios internacionales, que en la gasolina está entre $6.000 y $8.000 y para el acpm, entre $10.000 y $12.000.
Pero en los planes del Gobierno no está todavía aumentar los precios del acpm, debido al impacto que tendría en el transporte de los alimentos, que ya están muy golpeados por la inflación.
La política
En el momento de dar a conocer estas modificaciones, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y del CARF, dijo que “desde el punto de vista del déficit del Fondo de Estabilización, son igual de importantes la gasolina y el acpm; sin embargo, las consideraciones de política sí son diferentes”.
Por ahora, el CARF alerta que no es sostenible seguir pagando con recursos públicos la mitad de cada galón de gasolina o de acpm que se consume en el país y estima que el déficit del FEPC ascendería hasta los $38 billones este año por este motivo.
El organismo también recomendó incorporar en las metas de déficit fiscal la deuda del FEPC por subsidios otorgados por el Gobierno. Según los cálculos del Comité, de los $38 billones de déficit, $6,3 billones ya se pagaron en el primer trimestre y otros $19,6 billones están contemplados en el escenario fiscal de 2023. Por lo que todavía faltarían por programar $12,1 billones para cubrir el déficit causado este año.
“De esta forma se conocerá de forma más transparente y oportuna el estado de las finanzas públicas”, dijo Córdoba.
- Le puede interesar: Oferta de vehículos usados creció 58% entre septiembre y octubre
Los riesgos
Pero al mismo tiempo, el CARF dijo que “el Comité considera que es riesgoso elevar las necesidades de financiamiento de la Nación. Los déficits fiscales programados para el Gobierno Nacional central, más los generados por el FEPC, requerirán el mayor monto a financiar en la historia de la nación”.
De llevarse a cabo el cambio y se incorpora la deuda del FEPC en las metas de déficit, los cálculos del Comité indican que el déficit de Colombia de 2022 sería de 7,3 % del PIB y no de 5,6 % presupuestado en el Marco Fiscal. También estima que con este cambio el faltante para poder pagar lo que se cause del FEPC en 2023 sería de $4,3 billones, menos de los $12,1 billones que arroja la metodología actual.
La revisión del CARF indica que “las finanzas públicas están al límite”, esto después de calcular que de cada $10 del recaudo de Colombia, $3 se pagarán en intereses para el compilado de 2022. “Es necesario reducir la deuda en línea con la regla fiscal”, afirma.
El plan de austeridad
Al comenzar la actual administración, Petro lanzó un plan de austeridad que tenía como eje fundamental la austeridad en el gasto público, la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, y la obtención de nuevos ingresos tributarios provenientes de recaudos adicionales, derivados principalmente de un mayor aporte solidario por parte de las empresas.
En el mismo destacaba el objetivo de la reforma tributaria de proveer las fuentes de financiación necesarias.
Respecto a la austeridad en el gasto público, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 facultó al Gobierno Nacional por los próximos 10 años para expedir anualmente un decreto con el Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público. por medio del cual se busca generar ahorro mediante la limitación en el crecimiento anual del gasto por adquisición de bienes y servicios, la reducción de gastos destinados a viáticos, gastos de viaje, papelería, gastos de impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles que se utilicen en actividades de apoyo administrativo, la reducción en la adquisición y renovación de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos, la reducción de gastos de arrendamiento de instalaciones físicas y, en general, la racionalización de los gastos de funcionamiento, entre otros aspectos.