Establecer por vía constitucional la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública pretende el proyecto que se estudiará hoy en comisiones primeras conjuntas del Congreso.

Según la exposición de motivos, de aprobarse este proyecto de acto legislativo, el Estado estaría avanzando en la lucha contra la corrupción por dos motivos. El primero de ellos es que los entes acusadores, entiéndase la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, no estarían limitados temporalmente por cuanto los delitos no prescribirían.

Esto sería provechoso puesto que en muchas circunstancias las redes de corrupción requieren investigaciones complejas, las cuales toman tiempo. También se sabe que la recaudación de material probatorio en estos procesos es dispendiosa y requiere el trabajo conjunto de muchas entidades del Estado.

El segundo motivo tiene que ver con que la aprobación de esta norma fungiría como un desincentivo a los corruptos. Sobre esto es evidente que el Estado, al no tener el límite temporal que implica la prescripción, podrá ser mucho más minucioso en sus investigaciones. De igual manera, no importarán las fechas en las que se reciba la noticia criminal, ya que se podrán adelantar los procesos.

El texto del proyecto, radicado el 19 de noviembre por el procurador Fernando Carrillo y las ministras Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero, precisa que la prescripción es una institución jurídica que ha operado a lo largo de toda la historia del derecho y que reúne varias dimensiones. En efecto, se habla de prescripción en el campo civil, administrativo, penal, pensional, entre otros.

Asimismo, contiene varias definiciones dependiendo del área. Por ejemplo, se ha entendido como la extinción de un derecho por no haberse ejercitado o porque su titular lo ha abandonado. De manera que contiene una condición subjetiva de negligencia de quien lo podría ejercer.

El Estado está en la obligación de tomar medidas urgentes en pro de mejorar los indicadores anteriormente expuestos. Por tal motivo, este proyecto de acto legislativo busca incorporar a la normatividad colombiana una nueva disposición constitucional según la cual los delitos contra la administración pública son imprescriptibles.

En la presentación del proyecto, que tiene concepto positivo de Consejo Superior de Política Criminal, se expresa que la grave crisis de corrupción que atraviesa el país, aunada al momento de ineficiencia crítico de la justicia, obliga a que busquemos medidas para que podamos judicializar la corrupción sin que la prescripción de las acciones obre en beneficio de los corruptos. Necesitamos un sistema que nos permita perseguirlos, no importa que el delito haya sido descubierto tiempo después, para que podamos sancionarlos realmente, sobre todo si se considera que las estructuras de corrupción no actúan solas, sino que son organismos de poder que se ubican estratégicamente en diferentes instancias del Estado colombiano y que utilizan unos y otros poderes para lograr la impunidad de sus crímenes.

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Desde ya para violación al DD.HH. y DIH

El procurador Fernando Carrillo anunció la imprescriptibilidad de los procesos disciplinarios por violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

“A partir de hoy en Colombia las investigaciones disciplinarias relacionadas con crímenes de Estado, con crímenes de lesa humanidad, violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos no tendrán prescripción”, expresó durante la instalación del II Foro Interamericano de Derechos Humanos, junto con la CIDH, la Corte IDH y la OEI, añadiendo  que “si nosotros somos los defensores de los derechos de las víctimas no podemos aceptar ningún tipo de prescripción en materia de este tipo de conductas”.

Carrillo Flórez aseguró que esta decisión cobija alrededor de 700 procesos que adelanta la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Nosotros nos estamos refiriendo a las acciones de carácter disciplinario, que cobijan a personas que al servicio del Estado, de los órganos de carácter territorial, gobernadores, alcaldes, en fin, a todos aquellos que ostentando la investidura de funcionarios públicos hayan participado en actividades relacionadas con violaciones de los derechos humanos”, señaló, explicando que con esta decisión se pone fin a la tesis de la Procuraduría que fijaba la prescripción disciplinaria en 12 años y se protege a la sociedad porque “el tema de la prescripción de una acción limita necesariamente los derechos de las víctimas”.

En el mismo certamen, el presidente Iván Duque advirtió que la corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos, empezando por el despojo de los recursos de los más vulnerables, que deberían estar invertidos en lo social”.

Duque ratificó que el compromiso de su Gobierno es combatir la corrupción, razón por la cual “acompañamos al Procurador en su iniciativa de probidad, que se discute en el Congreso y esperamos que antes de terminar diciembre tengamos ese primer debate para verla convertirse en ley de la República”.