Sin lugar a dudas, los grandes retos que tienen por delante tanto el gobierno de Iván Duque como el próximo mandatario, será la manera en la que enfrentarán la crisis de la inseguridad y el control del orden público en el territorio nacional.

En el último año, las constantes denuncias ciudadanas frente a varios delitos fue el pan de cada día para los colombianos. Sin embargo, se espera que, en el transcurso de este año, la aplicación de varias normativas aprobadas en el reciente periodo legislativo dé respuesta oportuna a las intranquilidades de la población

De acuerdo con el último informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), los cinco delitos que mayormente afectan principalmente a las cinco ciudades capitales del país fueron: hurto, homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Sin embargo, otro punto serán los controles y preservación del orden público en las manifestaciones sociales. Luego del estallido social que ocurrió en el mes de abril, se espera consolidar una estrategia que permita el desarrollo de esta actividad, garantizando este derecho, sin que se vea permeado por la violencia.

Asimismo, la violencia en los territorios volvió a dispararse en el año, ya que los reportes de Indepaz detallaron más de 90 masacres durante el año y más de 150 lideres sociales y defensores fueron asesinados. Igualmente, las guerras contra los grupos armados tendrán un capítulo aparte para el Gobierno, pese a que una parte de los máximos cabecillas salieron de su circulación.

De la mano de los informes de organizaciones nacionales e internacionales, el Gobierno contemplará la posibilidad de que este fenómeno no se repita en estos siete meses que le quedan. Precisamente, EL NUEVO SIGLO enumeró los dos aspectos clave que enmarcarán el rumbo del país en esta materia, tanto para la seguridad urbana como rural.

1. Ley de Seguridad Ciudadana

Luego de que las bancadas mayoritarias del Congreso avalaran el proyecto de ley que tiene como fin la creación y el fortalecimiento de instrumentos jurídicos y recursos económicos para las autoridades que consoliden la seguridad ciudadana, el presidente Iván Duque sancionará como nueva ley de la república, y de ahí, dedicará los últimos meses para ejercer la aplicación de esta normativa, siempre y cuando pueda sobreponerse a las demandas que instauraron congresistas de la oposición.

Uno de ellos fue el senador Iván Cepeda quien indicó que la iniciativa es “una violación a todas las recomendaciones internacionales que han hecho organismos como la Comisión Interamericana sobre las garantías que debe ofrecer el gobierno colombiano con respecto a la protesta y movilización social”, por lo que aseguró que radicará una denuncia penal ante la Comisión Interamericana.

Sin embargo, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que más que una oda a la delincuencia, esta “es una ley que atiende un clamor, una frustración de los colombianos que se han tenido que resignar a ver cómo delincuentes violentos que cometen delitos con arma de fuego, con arma blanca o arma de letalidad reducida al otro día están en la calle delinquiendo nuevamente”.

Frente a posibles denuncias, el jefe de cartera indicó que “acudiremos a los estrados judiciales en el momento en que se lleven a cabo, pero la oposición ha tenido la costumbre de que lo que no gana en democracia lo vuelve una judicialización”

Puntos como la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, así como el aumento de penas para quienes cometan daños en bien ajeno o se afecte la infraestructura pública están contempladas en la nueva ley.

En cuanto al aumento de penas por hurto, se impondrán multas y sanciones drásticas dependiendo de la cuantía del objeto hurtado, teniendo penas desde 32 hasta 108 meses en una cárcel, con el fin de que se dé tatequieto a la reincidencia criminal.

Vale aclarar que una vez sea sancionada por el presidente Iván Duque, comenzará un periodo de socialización y coordinación entre Gobierno y los mandatarios locales y departamentales para que estos puedan aplicar la norma en cada uno de los territorios.

En ese tiempo, también se estudiará la posibilidad de disponer de un número de uniformados de las Fuerzas Militares para que puedan brindar la total tranquilidad de los colombianos cuando transiten por las calles de su ciudad o municipio.

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2. Combates con estructuras criminales

Sin embargo, otro de los grandes problemas que tendrá que suplir este Gobierno y el próximo a partir del siete de agosto, serán las operaciones contra los grupos armados organizados que se encuentran en zonas apartadas del territorio nacional, o que, en el caso de que estén agrupados en zonas de frontera, se aglomeren en puntos fijos de naciones vecinas.

Según los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las disidencias y reincidencias de las Farc poseen más de cinco mil personas en sus filas, divididos en tres bloques. Uno es el bloque suroriental, que cuenta con 12 estructuras y 2.700 personas a su cargo, otro es la Segunda Marquetalia, con 10 estructuras articuladas y dos mil personas y finalmente está el Comando Coordinador de Occidente que posee ocho estructuras y 500 personas, respectivamente.

Mientras que en los frentes del Eln, el general comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, en diálogo con este medio dijo que este grupo armado cuenta con más de 1.000 integrantes en la zona de frontera con Venezuela.

“Se ha podido establecer que en territorio venezolano permanecen tres cabecillas del Comando Central, ocho de la Dirección Nacional, 17 cabecillas de frentes de guerra y 21 cabecillas de frentes y compañías. Se tiene conocimiento que en diferentes estados de Venezuela permanecen más de 1.100 integrantes de las estructuras del grupo armado organizado Eln”, indicó.

Sin embargo, el general Navarro mencionó que las Fuerzas Militares continuarán operando en los puntos críticos del país para que se mantenga la tranquilidad a las comunidades y dar con la captura o neutralización de lideres de organizaciones criminales, como le sucedió a Darío Antonio Úsuga alias Otoniel del Clan del Golfo.

“La Fuerza Pública seguirá enfrentando con toda la contundencia y con toda la capacidad operacional cualquier forma de crimen que pretenda atentar contra los derechos de los colombianos. Estos terroristas no van a tener refugio ni guarida, el compromiso de las Fuerzas Militares es enfrentar cualquier tipo de amenaza que se cierna sobre el país”, mencionó.

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Continuar con reducción de los hurtos: Policía

Aunque en el transcurso del anterior año, se evidenciaron múltiples quejas ciudadanas sobre el robo de sus pertenencias, que incluso pudieron costarle sus vidas, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, indicó que el anterior año tuvo una reducción significativa en delitos como el hurto, que registró una tendencia a la baja del 17%, respectivamente.

Asimismo, reveló que en 286 municipios de Colombia no se presentaron ningún tipo de homicidio durante el 2021, por lo que su compromiso fue tratar de aumentar este número, teniendo en cuenta la vigencia de la próxima ley de seguridad ciudadana.

“Frente a 2019 hay una reducción de todos los delitos, como hurto, lesiones y secuestro. La tasa de homicidio cerró entre 24,9 y 25,1 por cada 100 mil habitantes. Protegemos la vida. La Ley de Seguridad Ciudadana y la Transformación Policial son decisivas para continuar la tendencia”, indicó.

Igualmente, el general declaró que los “tres proyectos de ley aprobados en una legislatura histórica de seguridad para Colombia. Un proyecto de profesionalización y transformación, que sumado, al proyecto de régimen disciplinario y al Proyecto de Seguridad Ciudadana, nos permiten decirles a los colombianos que ahora tenemos más y mejores policías para más y mejor seguridad”.