“HABRÁ SORPRESA”. Esa fue la respuesta que un alto cargo del Gobierno le dio a un parlamentario de la coalición oficialista cuando le preguntó sobre quién podría ser la carta que el presidente Petro se terminaría jugando para integrar la terna con base en la cual el Senado elegiría el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría General. Según trascendió, el jefe de Estado ya tiene un reducido grupo de nombres de donde saldría el candidato o candidata, que se unirá a los que postulen el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en cuyos listados previos hay varios exministros, exaltos cargos y pesos pesados.
OTROS REAJUSTES. En los corrillos políticos se asegura que el presidente Petro, que cumple este miércoles la primera mitad de su mandato, estaría pensando en aplicar un ajuste a varios altos cargos, más allá de los implementados en el gabinete ministerial. Distintas direcciones, gerencias y presidencias de agencias, institutos y departamentos administrativos tendrían cambio de titular. De hecho, en la lista de candidatos habría nombres que se contemplaron para entrar en la nómina ministerial pero que finalmente no se concretaron. La idea del Jefe de Estado es que en esta segunda parte de su administración se debe andar con paso redoblado para recuperar el tiempo perdido en la primera.
RUPTURA INSTITUCIONAL. En las toldas del Centro Democrático resulta claro que el Gobierno está preparando una estrategia para acelerar el trámite de los principales proyectos de reforma en el Congreso. Si bien en las reuniones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con las bancadas de algunos partidos se ha insistido en que el “fast track” sería más un acuerdo político para priorizar el avance en Senado y Cámara de determinadas iniciativas, y no un proyecto de acto legislativo que establezca formalmente el trámite abreviado parlamentario, en el uribismo insisten en que la Casa de Nariño está delineando un mecanismo de ruptura institucional.
FOCALIZAR LAS INVESTIGACIONES (I). Se le preguntó a uno de los abogados penalistas más importantes del país si creía que el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres podría terminar siendo más grave que el “proceso 8.000” en el gobierno Samper o el de la parapolítica en el mandato Uribe. Señaló que “… eran procesos muy distintos y con coyunturas políticas muy diferentes a las de hoy…”. Sin embargo, precisó que tanto las pesquisas sobre el narcoescándalo y la parapolítica siempre giraron sobre un mismo modus operandi delictual, pero en el caso de la UNGRD “… lo que se está viendo es que semana tras semana se amplía el rango de las pesquisas, con múltiples flancos, modus operandi, concurso de delitos y, por esa vía, no hay cómo focalizar las investigaciones en un solo escenario criminal…”.
FOCALIZAR LAS INVESTIGACIONES (II). El abogado penalista, que pidió la reserva de su nombre para no interferir con las causas judiciales que ahora adelanta ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, agregó: “… Como le digo, no son procesos comparables y muchos menos cabe por ahora comparar si el actual es el más grave… La parapolítica salpicó más congresistas que el 8.000, pero este último tenía al mismo presidente como sindicado y blanco de un juicio político…”.