REACCIONES encontradas ha despertado la iniciativa del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, de crear una tasa que paguen los ciudadanos para invertir en los próximos cuatro años más de 1 billón de pesos en mejorar la seguridad del departamento. Es uno de los mandatarios regionales más críticos con la Administración Petro por su política en esta materia, al punto de afirmar que tiene maniatada a la Fuerza Pública por los cese el fuego y conversaciones que adelanta con grupos armados ilegales.

Sin embargo, hay quienes consideran que si bien la iniciativa es plausible, el orden de las cosas debe ser que el Gobierno nacional se ocupe de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional, para la cual tiene el Ejército y la Policía, y por lo cual los ciudadanos pagan con sus impuestos.

Algunos ponen también de presente que la seguridad depende de un trabajo coordinado del Ejecutivo nacional y su política en esta materia con los gobernadores y alcaldes.

Entonces dicen que iniciativas regionales, como la que plantea el gobernador, Rendón pueden ayudar, pero si se coordinan con el Gobierno central, pues de lo contrario podría convertirse en una rueda suelta.

Otra de las preocupaciones que genera a algunos este tipo de iniciativas, es que se generalice en diferentes departamentos y que por ello los ciudadanos terminen pagando permanentemente una sobretasa para la seguridad, a pesar de ya lo hacen con sus impuestos.

La Gobernación de Antioquia presentó un proyecto de ordenanza a la Asamblea para que le habilite el cobro de dicha tasa.

El gobernador Rendón dijo que “somos siete millones de paisanos que estamos demandando seguridad, que yo los registro todos los días en las distintas latitudes. Yo espero, en esa tarea de persuasión, seguirle insistiendo, no solo a los diputados que han manifestado alguna prevención con la medida, sino también a los gremios que nosotros necesitamos llenar la tasa de la seguridad, llenar la tasa de la convivencia, llenar la tasa de condiciones dignas para la Fuerza Pública”.

Según explicó la secretaria general de la Gobernación, Martha Correa Taborda, el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022 faculta a los departamentos y municipios para crear tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuenta territoriales de seguridad.

Explicó que inicialmente, la Ley habilitó solo a las entidades territoriales que estuvieran recaudando este tributo, creado con fundamento en el artículo 8 de la ley 1421 de 2010. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-363 del 13 de septiembre de 2023, extendió su aplicación a todos los municipios y departamentos.

A su vez, la Federación Nacional de Departamentos, en un análisis jurídico al proyecto de ordenanza, concluyó que la propuesta está ajustada a los principios constitucionales en materia tributaria. “Además de los elementos esenciales del tributo antes mencionado, el Proyecto de Ordenanza determina claramente la causación del tributo, así como el método de liquidación, facturación, recaudo y destinación”, concluyó la organización.

La iniciativa del gobernador Rendón es respaldada por más de 100 alcaldes del departamento, sin embargo, no cuenta con el apoyo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque no comparte que se generen más impuestos a los ciudadanos.

“Estoy de acuerdo en que hay un desfortalecimiento de la seguridad por parte del orden nacional frente a las regiones, pero no puedo estar de acuerdo en que ahora se quiera tocar la tarifa de los servicios públicos, que además es un tema tan sensible, para adicionar un nuevo tributo”, explicó.

Añadió Gutiérrez que “como alcalde y como presidente de la junta directiva de EPM tampoco estoy de acuerdo a que, a través de la cuenta de servicios públicos de EPM se haga ese cobro, ya la empresa ha sido clara también frente al tema jurídico, frente al tema del compromiso ya de la seguridad lo he hablado con el señor gobernador”.

Distintas opiniones

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo a EL NUEVO SIGLO que “ese es el fruto de la decadencia de la seguridad en muchas regiones del país. Existe una tasa similar en el Atlántico. Me parece que puede ser inconveniente si en todos los departamentos empiecen a poner sobretasa, creo que sería más lógico si se fortalecieran las fuerzas regulares de seguridad, de Policía, del Ejército, en vez de tener que recurrir a las sobretasas, que no son más que la expresión de la angustia ciudadana por la falta de seguridad”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dijo a este Medio que “la seguridad es un tema de policía y los alcaldes son los jefes de policía, y los gobernadores tienen funciones de policía y coordinan las instancias entre nacional y municipal”.

Mientras que Juan Carlos Lancheros Gámez, especializado en derecho constitucional y director general de Derecho Justo, dijo a este Periódico que “respaldo esa iniciativa del gobernador, pero con una observación, y es que lo que no puede ocurrir es que el Gobierno nacional no adopte las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, y que cuando las distintas entidades territoriales decidan tomar medidas para proteger la seguridad de sus ciudadanos, entonces ahí sí entre a cuestionarse las determinaciones que adoptan”.

Agregó que es lamentable “que el gobierno territorial tenga que tomar ese tipo de determinaciones ante la inacción del Gobierno nacional porque ya los ciudadanos están pagando impuestos para ese tipo de cosas”.

Añadió Lancheros que hay que ver cuáles son las acciones concretas que la Gobernación de Antioquia va a adoptar, pues “el responsable del orden público en el territorio nacional es el presidente de la República y los presupuestos de la Policía y de las Fuerzas Militares dependen del presupuesto nacional”.

Mientras que Luis Quijano Moreno, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), dijo a este Diario que “observamos acá que pareciera ser una fractura entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, son dos lenguajes diferentes sobre el tema de la seguridad y la paz”.

Indicó que esa separación en la materia entre el Gobierno nacional y la Gobernación no es buena para la seguridad del país ni para Antioquia.

Señaló que “no sabemos de dónde sale la idea de que meterle más plata a la seguridad resuelve el tema de seguridad. Si con todas las inversiones millonarias que se hacen en inteligencia, en logística, en mantenimiento de soldados, de policía, de estaciones, todo el tema aéreo, no se ha resuelto el tema de la seguridad, pues diríamos que un impuesto más no lo va a lograr”.

Complementó Quijano que “lo que hay que decirle al gobernador es que aquí debería pedir una estrategia de seguridad integral de orden departamental, coordinada o acordada con el Gobierno nacional”.

Cifras de homicidio

En Antioquia entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2024 se ha registrado una reducción general del 2,8% en homicidios en relación con similar periodo de 2023. El total de casos disminuyó de 1.524 a 1.482, según Análisis Urbano.

Agregó que “el Bajo Cauca destaca como la subregión más afectada, con un alarmante aumento del 73,7% en homicidios, resultado de intensas disputas entre grupos armados ilegales que luchan por el control territorial y las rentas ilícitas. Otras subregiones con incrementos notables incluyen el Nordeste (24,0%), el Norte (17,9%), el Suroeste (7,6%) y el Oriente (6,8%)”.