Un salto al vacío
Al desmontar los parafiscales con destinación al SENA y al ICBF, así como los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en Salud, se plantea sustituir esta fuente de financiamiento por el CREE. De acuerdo con el ministro Cárdenas, “la idea es que se sustituyan los $ 1.76 billones que aportan al ICBF los empleados con sueldos de menos de 10 salarios mínimos con 2.2% del CREE; los $ 1.13 billones del SENA, con 1.4% del impuesto y los $ 3.81 billones de salud, con 4.4% del CREE más los recursos del Presupuesto General de la Nación”.
Aquí nos topamos con la primera sorpresa: los $ 1.76 billones del ICBF a que se refiere el Ministro están muy por debajo de los $ 3.3 billones que es el presupuesto de este año. Y en cuanto al SENA, el presupuesto de este año es de $ 2.2 billones, mayor que los $ 1.13 billones, que es la cifra que maneja el Ministro. Allí empieza el descuadre, porque si al desfase entre unas y otras cifras le añadimos la diferencia entre los cálculos del Gobierno y los registros con respecto a la cotización en salud ($ 3.8 billones vs $ 4.4 billones), de arrancada tendremos $3.2 billones menos de lo que hoy aportan las empresas como recargo a la nómina.
Además, un estudio contratado por el SENA con el consultor Juan Pablo Sandoval llegó a la conclusión de que “tomando como referencia datos oficiales y metodologías de cálculo expuestas por el Ministro de Hacienda, el monto de recursos que generaría el CREE sería en promedio un 20% inferior al recaudo observado por concepto de parafiscales (SENA e ICBF) y aportes patronales a la salud”.
Y para rematar, en medio del atafago y la celeridad del maratónico trámite que se le ha venido dando a este proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República, este no se ha percatado del daño colateral irreparable que esta fórmula le puede infligir a las finanzas territoriales. En efecto, en el afán de garantizar que el recaudo proveniente del 8% del CREE tenga como destinación específica el SENA, el ICBF y la salud, tales recursos terminan sustrayéndoselos a la base de cálculo y liquidación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Estarían abriendo un hueco para tapar otro, lo cual sería supremamente grave.