La semana pasada se dio formalmente comienzo a las labores de la Jurisdicción Especial de paz, con la presentación de un amplio inventario de las personas que han solicitado acogerse a su fuero.  Falta, para su cabal desempeño, la ley que reglamente lo que será su actuación procesal.

Supone un gran reto para la nueva jurisdicción mostrar eficacia y resultados positivos y prontos en su actuación.  Su presencia en el escenario institucional colombiano ha sido duramente criticada, pues quedó la sensación de que fue una imposición de las Farc que no aceptaban sometimiento alguno a la justicia ordinaria, así fuera para un esquema de justicia transaccional, con penas alternativas.

Hace algún tiempo se conoció el texto de una comunicación que envió la Sala de Casación Civil al plenario de la Corte Suprema de Justicia donde expone sus reparos a la Justicia Especial para la Paz. El principal, la desarticulación total con el sistema de justicia ordinario consagrado por la Constitución. Hay temas civiles, de tierra, laborales, a más de los penales, que van a estar por fuera de sus jueces naturales

Como lo hemos sostenido desde esta columna, con la JEP se dio un golpe de Eestado a la Rama Jurisdiccional del poder público. Resultó que a las Farc no le daban confianza los jueces colombianos y por ello impusieron un sistema al latere, paralelo, que los reemplaza, bajo el pretexto de que deben aplicar justicia transicional.  Por supuesto que esto debilita la rama jurisdiccional, la suplanta y la desarticula.

A las anteriores críticas se agregan las de organismos de derechos humanos de orden internacional que la observan como un posible instrumento de impunidad para los crímenes relacionados con el conflicto. También la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha sido insistente en sus advertencias sobre la necesidad de que existan sanciones penales para los responsables de delitos de lesa humanidad.

El proceso político que se adelanta en el país ha llevado a algunos de los aspirantes a proponer reformas esenciales e importantes a la Jurisdicción que apenas empieza.

Pero no debemos llorar sobre leche derramada, su creación es un hecho cumplido al igual que su puesta en marcha. Afortunadamente, a pesar del peculiar y anticonstitucional sistema de elección de sus integrantes,  llegaron ilustres juristas que tendrán el reto de demostrar con hechos la utilidad de la jurisdicción especial, para que se justifique el sacrificio institucional que hemos tenido y el alto costo que se agrega a la ya disparada cuenta del Estado.

Se trata de una excepción a la institucionalidad, que se ha justificado  a los colombianos en aras de alcanzar la paz. Esperemos que como toda excepción, sea pasajera y podamos recobrar prontamente la normalidad institucional en la justicia, por igual para todos los colombianos.