La razón acompaña al Fiscal General de la Nación cuando advierte que la jurisdicción, como rama del poder público es inescindible y que a la rama judicial hay que oírla.   Por supuesto que, en un Estado democrático, son tres las ramas del poder público y de ninguna de ellas se puede hacerse tabula rasa, so pretexto de llegar a un acuerdo de paz como el firmado con la guerrilla de las Farc.

En los acuerdos de La Habana se da un golpe de Estado a la rama jurisdiccional, pues se le sustituye por una jurisdicción al latere, paralela, desconectada, como si una de las ramas del poder público no tuviera que ver en el asunto o lo que es peor, como su hubiera sido la causa del conflicto y la que además la perdió.  La jurisdicción ordinaria no ha hecho otra cosa en la historia de Colombia que hacer cumplir las leyes de la República, incluyendo las más recientes que establecieron una justicia transicional para los paramilitares.  La paz de los colombianos es un problema del Estado, no del gobierno de turno.

A buena hora la comunicación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dirige al jefe de Estado. Sí a la justicia transicional y a la jurisdicción especial, pero articulada con el sistema de justicia colombiano.  Mi respetuosa observación es que la comunicación debió ser de toda la Corte y firmada por su vocera institucional que es su Presidenta.   No se trata de un simple problema de competencias, lo que está en juego es la institucionalidad colombiana.  De acuerdo que no haya jueces extranjeros y que se articule la jurisdicción especial para la paz con la jurisdicción ordinaria a través de recursos de revisión y acción de tutela.  Sería incluso partidario de recursos extraordinarios por ciertas causales especiales; el cierre definitivo debe estar en la Corte Suprema.  No tiene por qué haber magistrados extranjeros; este no es un estado fallido y hay suficiente experiencia en los jueces colombianos.  Hay que respetar la cosa juzgada; perfectamente su puede aplicar la favorabilidad en la pena, sin sacrificar la institución y poner en riesgo a los magistrados que dictaron sentencias.

Han salido algunos a criticar el que porque no habló antes la Corte, que es un palo a la rueda de la paz. Nada más equivocado; el palo a la rueda fue el “No” del plebiscito a unos acuerdos, que precisamente en materia de justicia adolecen de muchas falencias.  Lo que hace ahora la Corte en su propuesta es contribuir a solucionar el problema, buscando salidas y esa de la articulación del sistema de justicia colombiano con la jurisdicción especial puede ser una de ellas.  Lo equivocado es que previamente a la firma de los acuerdos no se haya hecho este ejercicio con las Cortes.  El momento es oportuno, muchos de los planteamientos de la Corte Suprema coinciden con los que han hecho los líderes políticos del “No”;  los negociadores de ambas partes deben escuchar y redireccionar los acuerdos interpretando el sentir general de la Nación