Una semana después del atentado adicional del régimen chavista contra el pueblo venezolano  van quedando claras varias cosas.

Primero, que no puede premiarse al perpetrador, como sucede en Colombia cada vez que una banda terrorista reconoce la autoría de un atentado para justificar las negociaciones, o libera a un secuestrado, o devuelve a los niños que tiene en sus filas.

Segundo, que el régimen chavista no empieza hasta ahora a comportarse como una dictadura porque esa ha sido y seguirá siendo su naturaleza, hasta que un calendario electoral verificado escrupulosamente asegure el respeto por la voluntad popular.

Tercero, que en Venezuela no se ha superado “un impasse”, sino que, más bien, se ha llegado a un extremo intolerable que los gobiernos aliados y semialiados del área ya no podrán seguir enmascarando.

Cuarto, que la conducta autoritaria del régimen no está siendo usada para justificar intervencionismo alguno ya que, de suyo, un régimen totalitario no debería tener cabida en el sistema hemisférico.

Quinto, que el orden constitucional formal ha sido y está siendo sistemáticamente violado, con lo cual, se constata, una y otra vez, la esencia totalitaria del régimen.

Sexto, que el régimen chavista, tan dictatorial y pendenciero como es, solo puede aferrarse al poder con el auxilio de gobiernos cómplices que le secundan explícita o implícitamente.

Séptimo, que el diálogo complaciente y la mediación interesada solo han servido hasta ahora para que el régimen se haga cada vez más irresponsable y subsista, cínicamente, vapuleando a la población e intimidando al vecindario.

Octavo, que la Carta Democrática Interamericana no tiene utilidad real sobre las dictaduras pues, como bien lo ha demostrado la Familia Castro, pueden llegar a sentirse incluso más cómodas por fuera del Sistema.

Noveno, que solo una batería de sanciones individuales, económicas y diplomáticas rigurosamente ejecutadas pueden afectar la conducta de un régimen totalitario y, eventualmente, facilitar la genuina transición a la democracia, y

Décimo, que más allá de la fugaz sensatez de una funcionaria como la Fiscal General, los militares en particular, y los altos cargos del régimen en general, tienen una responsabilidad personal específica en la degradación y agravamiento estructural de la situación en Venezuela.

Responsabilidad personal que será evaluada oportunamente por la comunidad internacional, de tal forma que cada funcionario aún está a tiempo para recapacitar, impulsar el cambio y acelerar significativamente el reencuentro del país con los valores propios de la democracia occidental.