Muy complicada para una democracia convivir con un Jefe de Estado legitimado por minorías. Se pierde representación, se resta gobernabilidad.

Nada fácil que una región emergente como la colombiana intente el equilibrio de poderes cuando la balanza se inclina por peso social del inconformismo.

Bien difícil que gestión social del Presidente Santos sufra desaprobación del 71%, con mala racha ascendente.

Significa que escasamente el 19% de la población nacional avala al actual mandatario.

Así las cosas, algo o muchas cosas malas deben estar ocurriendo.

Algo o demasiados errores se deben estar cometiendo en lo económico y social.

La percepción general de los hogares en Colombia es pesimismo, desconfianza e incertidumbre.

Inició febrero y la situación no tiende a mejorar, al contrario la situación parece complicarse por cuenta de la corrupción que no da tregua.

El desempleo, casi 2,2 millones de desempleados reportados oficialmente -pueden ser muchos más-, el precario salario mínimo, el aumento de la canasta familiar, el endeudamiento de los hogares con tendencia alcista en tasas de interés, el incierto posconflicto con las Farc y el impacto de la reforma tributaria, oscurecen el panorama nacional.

Al margen de las buenas intenciones del Ejecutivo en temas sensibles como proceso de paz, reforma tributaria y lucha contra la corrupción, el escenario luce enrarecido y con síntomas de pesimismo es los sectores más vulnerables de la población.

Este jueves 2 de febrero la economía colombiana sigue creciendo, pero no al ritmo que se requiere para impulsar empleo e inversión.

No es solo Colombia. La región atraviesa momentos complicados por un menor crecimiento, descenso en reintegros por exportación, mayor desempleo, inseguridad y pobreza.

En parte se sufren coletazos de economía global.

Sin embargo, el Presidente Santos tiene la responsabilidad política con los colombianos de aplicar medidas audaces que permitan recobrar confianza y seguridad. Hay que buscarle caminos a la creación de empleos, compensar los incrementos causados por la reforma tributaria, precisar el ABC del posconflicto, meterle diente a saqueadores de los recursos públicos e incentivar inversiones locales y extranjeras.

Si bien el Gobierno lidia con un hueco fiscal grande que intenta cubrir con los recaudos de la reforma tributaria, la inversión social y la atención de zonas deprimidas y olvidadas por el Estado tienen que ser prioridades.

La moral del país parece víctima del soborno, coimas, estafas, privilegios, saqueos, abusos, ventajas, trampas, comisiones y prebendas.

Estatuto anticorrupción no es suficiente si autoridades de control no actúan con rigor y sin contemplación contra corruptos.

Si el Fiscal y el Procurador actúan con firmeza, como bien lo vienen haciendo, la ética y la moral recobran su lugar en la sociedad.

No más largas a quienes se siguen enriqueciendo bajo el árbol frondoso del Estado.

Punto final a delincuentes que continúan lucrándose a través de contratos con el Estado.

Los responsables, cómplices y quienes permitieron el daño económico con sus decisiones administrativas deben pagar y asumir consecuencias.