Se expidió la ley que desarrolla la región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. Se trata de un paso muy importante para el desarrollo territorial, que abre camino para proyectar de manera diferente el manejo de la descentralización y dar vida a la visión regional de la Constitución.

Hasta ahora ha prevalecido la concepción que entiende las entidades territoriales como instancias políticas autónomas, bajo una lógica de autonomismo y separación de fronteras.

Como “cada alcalde manda en su pueblo”, no interesa que los páramos o los ríos sean comunes, o que puedan generarse grandes beneficios en comercialización de productos entre municipios vecinos, dejando a la ciudadanía expósita frente a la satisfacción de necesidades que son compartidas y que en equipo territorial podrían solucionarse más fácilmente.

Cundinamarca, con unos 30 municipios, y Bogotá, apoyados por el Gobierno nacional, lograrán materializar un nuevo esquema de administración pública en Colombia, basado en la conjunción de esfuerzos para consolidar técnicamente la provisión de servicios que mejoren la calidad de vida de la gente, sin importar si son de aquí o de allá.

Oportuno referente frente al emblemático y no superado caso de Belén de Bajirá y para los demás conflictos regionales.

Se trata de consolidar una instancia que, respetando la autonomía de las entidades territoriales partícipes, sirva de escenario técnico de dirección y ejecución en materias prioritarias y comunes, relacionadas con seguridad ciudadana, convivencia y justicia; seguridad alimentaria, abastecimiento y comercialización de productos básicos; protección de los activos ambientales y de la sostenibilidad ecológica; transporte y movilidad, y servicios públicos domiciliarios.

Si bien las decisiones políticas se mantienen en las instancias propias del departamento, del distrito y de los municipios, una nueva gestión pública basada en la realización de proyectos, con la convergencia de esfuerzos y la aportación directa también de recursos de la Nación, abre un esperanzador modelo de articulación institucional para lograr resultados concretos.

Esfuerzos como los desarrollados de tiempo atrás en el Valle de Aburrá o la búsqueda por construir la región caribe, evidencian la necesidad de consolidar este nuevo esquema, que tendrá gran impacto no solo para cerca de 10 millones de personas en la región, sino para todo el país.

Se contará con una Agencia Regional de Movilidad como autoridad única en la materia, para facilitar un transporte integrado y sostenible, así como para avanzar en el desarrollo de macropoyectos conjuntos. Por fin las vías no se interrumpirán abruptamente al cambiar de municipio.

Igualmente se aplicará un plan integral de seguridad y justicia regional y se articularán oferta y demanda de alimentos, para promover el desarrollo agropecuario, contando con una agencia especializada. A tantos años de eliminar al Idema, un esquema público y renovado de interacción en seguridad alimentaria es prioritario e inaplazable. Las grandes cadenas han consolidado plataformas tales y ya es tiempo que el Estado las retome.

Serán prioritarias la construcción y ejecución de una agenda ambiental para la región y la articulación del ordenamiento territorial para las entidades partícipes, todo bajo el postulado de mejorar la calidad de vida y potenciar su productividad sostenible.

Han entendido Bogotá y Cundinamarca que no es reservándose competencias y burocracias como se afrontan los retos de las sociedades pospandemia.  Encontrar puntos de interés común y centrar el servicio público en las personas son tareas que aseguran el éxito de la democracia.

Tienen ahora la palabra los concejos, distrital y municipales, así como la asamblea departamental para poner en funcionamiento la región metropolitana. Compromiso de todos por el buen suceso de esta institucionalidad, que contribuirá a modernizar la organización territorial en Colombia