El municipio cundinamarqués de Bojacá es famoso por las romerías que realizan los propietarios de vehículos para que sean bendecidos en la tradicional misa que se ofrece en el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Es un ritual que convoca a miles de feligreses, garantizando que los fines de semana el pueblo se convierta en un hervidero de turistas que dinamizan la economía; basta recorrer el pueblo un domingo cualquiera para darse cuenta que los parqueaderos son insuficientes, que a los restaurantes les falta espacio para atender a tanto comensal, que en los locales de artesanías es difícil moverse, y ni que decir de la iglesia donde a muchos les toca conformarse con escuchar la misa desde el atrio.
Lamentablemente una dinámica turística que tanto beneficio trae a los bojaqueses, de manera silenciosa, está arrastrando una tragedia para decenas de animales que son abandonados por algunos visitantes, generando que los rescatistas y proteccionistas, ante la discreta acción de las autoridades locales, se hayan volcado a atender la población de perros y gatos abandonados, sin que el alcalde o alguno de sus secretarios presten el apoyo que legalmente deben, por el contrario, además de darle la espalda a la realidad, están más preocupados por entorpecer el trabajo de quienes trabajan con las uñas por brindarles una mejor vida a los animales.
El señor alcalde Jhon Alberto Molina Mora, no conforme con escurrirle el bulto a sus responsabilidades de garantía de protección y bienestar en favor de los animales, ha decidido ignorar de manera sistemática la existencia de al menos una docena de criaderos ilegales de perros en su jurisdicción, a pesar de las denuncias ciudadanas y al conocimiento de la irregular situación de algunos de sus secretarios, especialmente la Señora Secretaria de desarrollo económico y rural Ana Paola Moreno Cárdenas nada pasa, ella pareciera estar más interesada en proteger a los ilegales explotadores de los criaderos, su acciones al respecto son una incógnita.
Hay más, el contratista de la Alcaldía Edilberto Pedraza Martínez y su esposa Sandra Roa Parra, integrante de la Junta Defensora de Animales del municipio, fueron encontrados responsables, por la Inspección de Policía, como autores de maltrato animal y sancionados por privar a una perrita de aire, luz, alimento, asistencia médica, movimiento, espacio suficiente, abrigo e higiene, causando con su descuido y abandono daños graves, además de darse noticia sobre la muerte de otro canino, al parecer en similares circunstancia.
En decisión de segunda instancia del pasado 21 de agosto, pese a las pruebas existentes en el proceso, entre ellas el dictamen médico veterinario que evidencia el mal estado en que se encontraba la perra, el alcalde Molina Mora, raudo y veloz socorrió a sus protegidos modificando la sanción, solamente quedaron con la obligación de rendir informes trimestrales que, curiosamente elaboran los mismos maltratadores. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están en mora de intervenir e investigar a fondo ese infierno en el que viven los animales en Bojacá.
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