Todo nuevo gobierno tiene el derecho de plantear sus prioridades y luchar por ellas. Es lo natural. Pero ese deseo de reinventarlo todo, y de desconocer lo que viene de atrás, tiene límites que pueden resultar muy costosos.

Es lo que parece puede estar sucediéndole a Italia con el nuevo gobierno de la señora Meloni, que ha resuelto meter en el saco de las ambigüedades su participación en el programa de la Unión Europea denominado “nueva generación”.

Este programa se construyó con participación de todos los países de la Unión como una respuesta imaginativa y robusta para superar los efectos terribles causados en las economías europeas por el covid-19. Se trata de un gigantesco esquema de financiamiento por valor de 750 billones de euros (el más ambicioso jamás puesto en marcha por la Unión Europea) para apoyar programas que deben diseñar los países en seis áreas específicas: economía digital, transición ecológica, movilidad sostenible, educación, inclusión y salud.

Lo más interesante es que los fondos para realizar este programa los obtuvo la Unión Europea lanzando bonos al mercado, cuya garantía es mutualizada por todos los miembros de ese colectivo. Los países no colocaron sus propios títulos de deuda en el marcado, sino que en nombre de todos lo hizo Bruselas que, luego, mediante porcentajes discutidos ampliamente, distribuye los fondos entre los miembros de la Unión.

A Italia le correspondieron 195 billones de euros, de los cuales 70 billones son subvenciones a fondo perdido (es decir, no tiene que reembolsarlos), y el resto opera como un crédito a largo plazo que deben reintegrar dentro de los términos holgados establecidos. Italia es el mayor beneficiario de este gigantesco programa de financiación mutualizada.

Para poner en marcha este ambicioso y sofisticado engranaje, cada país debe presentar ante las autoridades comunitarias programas específicos a financiar. Italia preparó 1.150 proyectos durante el gobierno Draghi. Y existen unas fechas precisas en las cuales las auditorías técnicas de Bruselas deben dar el visto bueno sobre la consistencia técnica y financiera de los proyectos preparados por cada país.

¿Qué está sucediendo?  Al nuevo gobierno italiano presidido por la señora Meloni le ha dado por revisar de la A hasta la Z todos los proyectos que dejó preparados la administración de su antecesor Draghi. Y no parece que vaya a poder cumplir dentro de las fechas límites que las autoridades comunitarias tienen previstas para efectuar los correspondientes desembolsos. Todos los demás países de la unión ya han cumplido con los términos señalados.

La posibilidad de un retardo en la llegada de estos fondos, que son claves para las perspectivas del crecimiento económico de Italia este año, comienza a sombrear en el horizonte. Hay inclusive algunos observadores que piensan que la demora italiana en los trámites podría representar el riesgo de perder hasta un 30% de los recursos asignados. Lo que, desde luego, sería catastrófico.

Todo esto es motivo de gran agitación política actualmente en Italia. Algunos pronostican que lo que está dibujándose es la posibilidad de que el nuevo gobierno de derecha tome distancias de la Unión Europea y entre a engrosar el grupo de los llamados euros escépticos. En todo caso, la confianza entre Roma y Bruselas se ha resquebrajado en grado extremo.

La lección para Colombia es clara: todo nuevo gobierno tiene el derecho de plantear sus prioridades. Pero olvidar que la buena administración va más allá de las frases descalificadoras de los gobiernos anteriores es un error inmenso. O ignorar que mucho de lo acumulado tiene méritos, no deja de ser una estrategia peligrosa.