El pasado 13 de abril el señor Procurador General de la Nación expidió la directiva 14 como acción preventiva al manejo de la fauna silvestre y salud pública. La actuación se ve impulsada por las evidencias científicas que indican la relación existente entre la pandemia por Covid-19 y el mal manejo de la vida silvestre que se ha venido haciendo en lugares como Wuhan, no novedoso acá no es el descubrimiento de esa relación entre el comercio de vida silvestre y la aparición de enfermedades zoonóticas, lo que se debe celebrar es que por primera vez en los tiempos recientes el Ministerio Público se haya preocupado por la implementación de los Centros de Atención Y Valoración (CAV) de fauna silvestre.
Los CAV fueron dispuesto desde hace mucho tiempo como mecanismo idóneo de manejo de la vida silvestre que es arrancada de las garras del tráfico ilegal principalmente, sin embargo, muchas de las autoridades ambientales han hecho caso omiso del cumplimiento de su deber y han preferido tercerizar la gestión distorisionando el mandato legal, al punto que de los obligados solo una veintena de entidades cuentan con ellas, tal como lo deja en claro el señor Procurador en la directiva.
La inexistencia de los CAV tiene un profundo efecto en la conservación de la vida silvestre, al punto que hoy muchos especímenes permanecen en manos de supuestos amigos de la fauna cuando no en las de los traficantes, que es por cierto el tercer renglón más lucrativo de la actividad criminal en el mundo solamente superado por el narcotráfico y la trata de personas, cuando lo justo es que estuvieran en manos de las autoridades quienes tienen el deber evaluarlos, atenderlos, valorarlos, administrarles los tratamientos necesarios, luego realizar las gestiones necesarias para disponer de ellos de manera definitiva privilegiando la rehabilitación, solo cuando sea imposible reincorporarlos a su hábitat por edad o discapacidad funcional, determinar el lugar de disposición final donde pueda vivir en condiciones de dignidad animal de acuerdo a su condición y especie.
La intención del Señor Procurador debe recibirse positivamente, sabemos que no obedece a un interés auténtico de proteger la vida silvestre, mas bien a una reacción por el gravísimo impacto que el mal manejo de las relaciones entre animales racionales y no racionales están teniendo en la salud pública, situación que debe llevarnos a ser más respetuosos con las demás especies; lo que no hemos querido hacer antes por convicción, nos está llevando a actuar por temor, lo importante es que lo hagamos, que las autoridades no reculen tan pronto pase esta contingencia y los entes de control aflojen en su rol de hacer respetar a los animales.
Vemos con algo de preocupación que la Directiva no haya hecho referencia al incumplimiento en que viene incurriendo el Gobierno en la expedición de la política pública de bienestar animal doméstico y silvestre ordenado en e artículo 324 del Plan Nacional de Desarrollo, que entre otras ordenó la creación de centros territoriales de bienestar, rehabilitación y asistencia integral. No podemos seguir dando discursos sobre nuestra riqueza en especies silvestres, mientras las autoridades simplemente no cumplen sus funciones de bienestar y protección.
@ludogomezm