De alguna manera la comunidad jurídica colombiana había quedado notificada que con la expedición de la Sentencia SU-016 de 2020 por parte de la Corte Constitucional los debates entorno a la protección del Oso Chucho eran tema superado o al menos eso se creía. En honor a la verdad la referida sentencia solamente definió dos temas en el caso, primero la improcedencia del habeas corpus para perseguir la libertad de un animal no racional y, segundo la inexistencia de un mecanismo idóneo para proteger la libertad animal.

Desde noviembre del año pasado veníamos requiriendo al zoológico de Barranquilla que nos informara el estado de salud física y mental de Chucho; cuáles medidas habían tomado para mejorar las condiciones ambientales de la celda donde permanece así como las proyectadas para garantizar que pueda expresar de mejor manera su comportamiento natural; los aspectos técnicos de la jaula y la dieta; copia de la historia clínica, el reconocimiento de personería como agente de los intereses de Chucho ante la institución y como consecuencia un informe periódico sobre el estado de salud.

La respuesta que recibimos, además de tardía, solamente daba cuenta de manera general sobre su salud y la dieta seguida, amén de señalar que el Oso se encuentra en óptimas condiciones. Hicieron énfasis en que en su condición de entidad privada no tenían el deber de dar respuesta a las inquietudes planteadas y que las solicitudes elevadas eran entendidas como dolosas, además de ir “verdaderamente en detrimento del bienestar del oso de anteojos”. Luego de la pedagógica respuesta, hicieron su mejor esfuerzo, mostrando su amable cara para invitarme a que “de manera concertada y transparente apoye la causa de los animales que encabeza Fundazoo…”.

Olvidaron que los animales silvestres, aunque se encuentren en manos de instituciones privadas son propiedad del Estado, por tanto, los zoológicos en su tenencia cumplen función pública con las consecuencias que implica, entre otras estar sometidas al escrutinio público dando respuesta a las peticiones sin pasarse por la faja las garantías constitucionales, tramitándolas sin aplicarles el recurso extraordinario de sobradez institucional.

La suerte parecía echada y Chucho estaba destinado a cumplir su condena alejado de los tribunales. Llevamos nuestras “dolosas” inquietudes a los jueces y el pasado 14 de mayo, en segunda instancia, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla profirió sentencia de amparo protegiendo el derecho de petición y ordenado al zoológico de la ciudad satisfacerlo de manera inmediata.

Lo relevante de esta decisión consiste en que podremos conocer aspectos hasta hora herméticos sobre las condiciones reales en las que transcurre la vida de Chucho, accederemos sin restricciones a la historia clínica para saber de su estado de salud mental y física; como quiera que la información debe ser periódica no quedará duda que hay legitimación para velar por sus intereses y así debe ser reconocido por la institucionalidad. Por ahora esperamos que se cumpla la decisión judicial, ¡Chucho está de vuelta!

@LuisDGomezM, @ludogomezm, luisdomingosim@gmail.com