El derecho presupuestal nació de un impasse en la Alemania de Bismark, en la década de los años sesenta del siglo XIX. El canciller le solicitó al parlamento amplios créditos para prepararse para la guerra que luego se conoció como el conflicto franco-prusiano, pero éste, que no era guerrerista, le negó sistemáticamente estas partidas presupuestales durante varios años.

Las grandes elaboraciones doctrinales de lo que es el presupuesto nacieron de aquel impasse que finalmente se terminó resolviendo en favor de las tesis de Bismark quien, a su turno, ganó la guerra en la célebre batalla de Sedan que acarreó la caída de Napoleón III y la pérdida de la Alsacia y Lorena para Francia.

No es pues extraño que las elaboraciones presupuestales se originen al fragor de los impasses políticos- jurídicos.

Sin guerra ad-portas, en Colombia estamos presenciando también un impasse político- jurídico en torno a la discusión del proyecto de presupuesto para la vigencia del 2025. ¿En qué consiste el impasse y cómo solucionarlo?

El gobierno presentó un proyecto de presupuesto para el 2025 cuyo monto es de $523 billones. La mayoría de las comisiones económicas de Cámara y Senado consideraron que el monto debe reducirse en $ 12 billones, que es el valor que se espera recaudar con la nueva reforma tributaria que ya fue radicada por el Gobierno y cuya discusión comenzará la semana entrante. Así el "monto" quedaría en $ 511 billones.

Ahora bien: como el impasse es inédito y no está resuelto con precisión en las normas vigentes del estatuto orgánico del presupuesto, es necesario, para encontrar una solución racional al asunto, echar mano del sentido común y de las normas generales que rigen la contabilidad pública.

El gobierno está empeñado en que se consigne el monto de $ 523 billones simplemente porque esa es la cifra que aparece en el proyecto. Ha llegado a afirmar que si no se procede así, el Congreso habrá improbado el proyecto de presupuesto para el año entrante y podría expedirlo por decreto. Lo cual es un despropósito, puesto que la única hipótesis para que el presupuesto sea por decreto es que a octubre 20 el Congreso se abstenga de expedirlo.

Pero esa hipótesis, también conocida como “guillotina parlamentaria” solo se podría evidenciar en tal fecha, no al comienzo de la discusión parlamentaria.

Petro ha llegado a sugerir torpemente que la renuencia del Congreso a acoger el "monto original" es una manera de "sabotear" al gobierno y un indicio más del “golpe de estado blando” en marcha.  Un disparate, naturalmente.

Ahora bien: ¿cómo se podría solucionar racionalmente este impasse presupuestal que se presenta?

Mi propuesta es la siguiente: el "monto” del presupuesto para el año entrante tendría dos componentes: uno de $ 511 billones que es la cuantía sin el producido estimado de la ley de financiación, y otro componente que podría denominarse "ingresos contingentes” por $12 billones, que es en lo que se estima el producto de la reforma tributaria en el evento de que se apruebe. Así se estaría respetando un principio general de la contabilidad pública y privada que distingue entre ingresos ciertos e ingresos contingentes.

El impasse procedimental se solucionaría y la discusión del presupuesto podría continuar su marcha. Sin recurrir a la extravagante figura del decreto ejecutivo que a estas alturas del debate presupuestal no es más que una amenaza equivocada del gobierno.

Que los ingresos que produzca la reforma tributaria son "contingentes" (cuando ni siquiera ha comenzado su discusión y se desconoce s se aprobará), es evidente.

El gobierno parece hacer de este asunto un "puntillo de honor" que resulta falso. Da la impresión que con su terquedad de modular el "monto" cree que al incluir los $ 12 billones de la tributaria en el presupuesto aseguraría la aprobación de la reforma. Nada más alejado de la realidad.

Como están las cosas, la aprobación de una nueva tributaria es altamente incierta. Y, por lo tanto, sus recaudos -a la fecha- son claramente "contingentes" pues dependen de un acuerdo que por el momento no se vislumbra.

No me refiero por el momento al punto que han señalado hasta la saciedad entidades serias de la academia como Anif, Fedesarrollo, o el Consejo Autónomo de la Regla Fiscal que coinciden en que el faltante del presupuesto del año entrante es mucho mayor que los $ 12 billones mencionados. Hablan de un desfase de hasta $ 40 billones.

Este faltante -aún con una tributaria- aflorará a lo largo de la ejecución del presupuesto del 2025, cuando habrá que hacer dolorosos recortes, como hubo que hacerle al de este año que también estuvo inflado y al que le cayó un hachazo de $ 20 billones.

En síntesis: distinguir entre ingresos ciertos y contingentes para fijar el monto del presupuesto 2025 puede ser la fórmula racional para solucionar el impasse. Basta aplicar el sentido común y las normas de la contabilidad para desatascar el embrollo procedimental en que estamos.