El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, sustentada en la inhabilidad de Óscar Alonso Vargas Jaramillo para ser elegido diputado de la Asamblea de Caldas, para el período 2024-2027, por parentesco con una funcionaria que ejerció autoridad civil y administrativa en el departamento, dentro del año anterior a la elección.
Se probó que la hermana del demandado era para esa época la gerente de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., con funciones relacionadas con la nominación del personal y la ordenación del gasto. Así mismo, se advirtió que se trataba de una empresa industrial y comercial del Estado, conformada exclusivamente con aportes públicos, de conformidad con la ley.
La Terminal de Transportes de Manizales S.A. es una empresa pública, lo que significa que su gerente ejerce funciones que pueden influir en la toma de decisiones administrativas dentro del departamento. Según la jurisprudencia, el ejercicio de autoridad en una parte del departamento, especialmente desde su capital, es un factor crucial para determinar la inhabilidad.
La jurisprudencia estableció que en casos de inhabilidad por parentesco, el vínculo afectivo entre los parientes no es un factor relevante para el juez electoral. Lo que importa es si el pariente ejercía autoridad civil o administrativa en el año previo a la elección. En este caso, se probó que la hermana de Óscar Vargas tenía un cargo que le otorgaba dicha autoridad, lo que justificó la anulación de su elección.
Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos del Estado accedan a ellos en igualdad de condiciones y orienten su desempeño hacia el interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.
Por ello, la corporación ha advertido que las inhabilidades "buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades"