Tres décadas ya completa nuestra Constitución. Esa misma que busco cambiar radicalmente este país sobre la base de buenas intenciones y los buenos colombianos.

Desde entonces, sin lugar a dudas Colombia ha cambiado, pero cada vez que superamos un reto, siempre aparece uno nuevo y la respuesta al mismo es lenta o incluso inexistente, como si tuviéramos que irnos acostumbrando a convivir con el mal de moda como forma de vida. 

Treinta años y aún no se encuentra el camino correcto para que nuestro país no solo sea viable, sostenible y eficaz, sino que por lo menos logre generar esperanza a los ciudadanos.

Como si el mundo se hubiera detenido, de unos meses hacia acá, nuestros problemas no cambian y las soluciones a los mismos siguen sin aparecer. Ninguno de los candidatos presidenciables ha deslumbrado con una propuesta clara de cómo dar el giro hacia unas verdaderas soluciones, pues poco podemos esperar ya de este gobierno, al que se le agotó el tiempo y la conexión con la ciudadanía, por lo que pareciera más interesado en heredar esa responsabilidad al próximo.

Con un nivel de pobreza del 42%, nuestro país está por encima de la media regional en más de 12 puntos. Esto hace que más colombianos demanden ayudas del Estado, lo cual es incierto y hasta imposible por el momento, pues como fue advertido hace meses, el recurso se está agitando.

La devaluación es otro de los temas económicos que debería pasar al tablero como fundamental en el 2022. Para el año 2012, nuestra tasa representativa del mercado se encontraba por debajo de los $1.800, casi 10 años después se encuentra en más de $3.600, y rondando los $3.800, lo que denota que nuestra moneda en diez años llega devaluada en más de un 100%. Contrario a esto, el salario mínimo mensual, paso de $566.700 a $908.526 pesos, disminuyendo comparativamente los ingresos de los colombianos y con ello su capacidad de compra.

Ni siquiera los problemas internos de costos del Estado están sobre el tintero, nada se ha dicho de la necesaria reducción del gasto burocrático. No aparecen propuestas de medidas urgentes como disminución de los gastos del Congreso, ya sea por vía de eliminación de curules o salarios; eliminación del gasto militar excesivo; o la liquidación de entidades públicas con funciones similares o ineficientes.

La nueva estructura tributaria que requiere el país tampoco se vislumbra. No solo es necesario que se busquen más fuentes de financiamiento, sino que se tenga claro quiénes y en qué condiciones deben asumir esa carga. No podemos darnos el lujo de desatar nuevamente el rechazo popular a la reforma ni mucho menos dejar de presentarla, más temprano que tarde, el gasto social quedaría sin fuentes serias de financiación y la crisis social aumentaría.

Esperemos a ver qué sucede este segundo semestre, si explotan las ideas; solo eso haría pensar que esto sería diferente, porque si le dejamos el futuro a la capacidad propositiva actual, es muy poco con lo que se puede uno ilusionar, sería más de lo mismo.