La semana pasada, en vísperas del debate electoral, un grupo de abogados, exmagistrados y académicos del derecho manifestamos de manera pública, a los hoy electos Presidente y Vicepresidenta de la República, su respaldo y la confianza en que, en sus manos, la justicia será una prioridad durante los cuatro próximos años.

Advierte el comunicado: “La verdadera paz de Colombia necesita con urgencia una justicia fuerte, independiente, limpia de corrupción, con más infraestructura y con más eficiencia. Una justicia que sea de fácil acceso para los ciudadanos y que evite la impunidad en lo penal. Una justicia que aplique la ley a todos, sin distinciones ni exclusiones”.

Se trata por tanto de un compromiso, que implica “su respeto total por la independencia de la rama judicial” y se resalta también “su liderazgo para impulsar una profunda reforma a la justicia, que todo el país reclama con urgencia”. 

Se destaca en dicho pronunciamiento la decisión de los nuevos gobernantes de fortalecer las instituciones y en especial las relacionadas con la justicia, pues solo con instituciones fuertes, los ciudadanos podrán recuperar la confianza en los jueces y en los fiscales.

Esta expresión de unos cuantos juristas, representa el sentir de muchos ciudadanos de esta nación, a quienes hoy se abre un camino de esperanza, para retomar el sendero de una sociedad más justa y con instituciones sólidas y eficaces.  El respeto por la independencia de los jueces en el cumplimiento de sus labores y el apoyo para la recta y cabal atención de sus deberes, hacen posible vivir en un estado de derecho. Es el compromiso y la esperanza que depositamos en quienes ahora toman las riendas del Estado.

Este compromiso con la justicia de gobernantes y gobernados debe ser un propósito nacional, que involucre a todos los sectores de la sociedad, académicos, políticos, gremiales.

Los fundamentos de la  tarea propuesta radican en la necesidad de dar respuesta efectiva a toda la problemática que aqueja a la justicia, mediante una reforma normativa de la Rama Judicial, acompañada de recomendaciones puntuales, que faciliten la adopción de medidas urgentes y ordinarias que solucionen en breve tiempo y generen las condiciones idóneas para el adecuado impulso de la Rama, especialmente necesario dentro del proceso de globalización en el que está inmerso el país, ahora aunado con las exigencias  de reacomodo del posconflicto.

De allí la necesidad de que la política pública de justicia, además de oportuna y eficaz, sea una prioridad para el Estado, que comprometa a toda la nación, pues con ella se contribuye no solo a la unidad nacional, sino a la pacificación que tanto necesitamos.

Convertir la justicia en uno de los fines predilectos  del Estado no solo reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica, de solucionar los grandes problemas nacionales, como son la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el paramilitarismo, etc.;  sino que, siendo prioridad, será una directriz que persuada a todos los sectores del país al apoyo y mejoramiento de la justicia, incluyendo a los sectores empresariales  que requieren, además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y debida justicia que defina sus derechos.