Lamentable la muerte violenta de al menos 123 líderes sociales en lo corrido del año.  Sin desconocer los beneficios del Acuerdo de Paz con las Farc   tenemos la obligación de enfrentar el  conflicto  relacionado con la tierra, recursos naturales, el cultivo de drogas ilícitas, su producción, distribución  y consumo, la lucha de poder local y regional por personas y grupos, incluyendo a las denominadas disidencias de la organización guerrillera desaparecida, disputando entre sí, con extensión de  accionar atacando a los organismos de seguridad del Estado, combatiendo a la Policía, atacando a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La violación de los Derechos Humanos prolifera, el desplazamiento se ocasiona, la turbulencia se agudiza principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander, sin que estén identificados los responsables de crímenes aún por descifrar, ocasionados por asociaciones ilícitas.

El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que el 83.19 por ciento de los asesinatos obedecen a conflictos por tierra, que el 15,2 por ciento han sido mujeres y manifiesta que desde la elección presidencial, el pasado 17 de junio, han sido asesinados 22 defensores de Derechos Humanos. Las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son la Cumbre Agraria (Onic), con17; Marcha Patriótica,16;  PCN, 3; Congreso de los Pueblos, dos; Ríos Vivos, 2;  y la Confederación  Comunal de Colombia con 16. Aparte se cuentan los militantes del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que suman 70.

En el mundo se cometen crímenes por motivos de diversa índole, sufrimos ataques del terrorismo desbocado de la Yihad, hay factores económicos, pasionales, desequilibrados mentales que cometen atentados, ladrones disparando, lo cual no encaja con el fenómeno que analizamos. Este no se superará con velaciones multitudinarias, plegarias, ni protestas y el Gobierno carece de recursos, no dispone de esquemas de protección para ciudadanos honestos cuya vida está en riesgo.      

La reforma agraria tomará tiempo, al igual que nuevas disposiciones para la extracción de recursos, pero existen normas constitucionales por aplicar, delitos determinados en el código penal, sanciones para infractores y la Justicia Ordinaria, -no la JEP-  tiene la obligación de aplicar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.  El presidente Juan Manuel Santos se ha expresado al respecto, el mandatario entrante Iván Duque es explícito al condenar lo que acaece, reafirma su disposición de adoptar decisiones acertadas urgentes.

Seguramente las organizaciones afectadas contribuirán a la preparación y desarrollo del plan de emergencia para confrontar un conflicto peligroso subyacente dentro del proceso de violencia anterior. Colombia anhela la consolidación de la paz, sin embargo para resolver la amenaza es indispensable precisar e identificar causas y efectos.