Con lo que acaba de pasar con Antioquia se recuerda el viejo dicho de “ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”. Para arreglar el  “paro”  del Chocó, no encontraron los negociadores cosa distinta, que conjurar la crisis a costa del territorio antioqueño. Y no se trata de ninguna suposición, pues hay dos documentos, uno del año pasado y otro del que está en curso que así lo acreditan, amén de la confesión del Gobernador chocoano.

Hay una realidad jurídica insoslayable. En el año de 1944 el mapa de Antioquia comprendía a Belén de Bajirá;  en 1947, se crea el Departamento del Chocó por Ley, en la cual se advierte que no se podían afectar los territorios de Antioquia, Córdoba y Valle.  Luego, por setenta años el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, expide el mapa de Antioquia comprendiendo el territorio aludido. El Departamento del Chocó pretendió crear por Ordenanza de su Asamblea Departamental el municipio de Belén de Bajirá, acto que fue anulado por el Consejo de Estado por no estar dicho territorio dentro de los límites chocoanos.  Está vigente una Ordenanza de la Asamblea de Antioquia que crea el corregimiento de Belén de Bajirá en el municipio de Mutatá. El Gobierno eleva una consulta al Consejo de Estado en el año 2014,  tal como lo exige la Ley 13 de 1947 y le responden que los límites provisionales están en el informe del IGAC de 2003 y que los definitivos son competencia del Congreso. En este informe de 2003,  Belén de Bajirá y los tres corregimientos pertenecen a Antioquia. Si como dice el director del IGAC, el tema está claro desde que Chocó era una intendencia,  ¿Cuál es la razón para que ese organismo lo pusiera en Antioquia por 70 años?

Por otro lado, desde la óptica de las competencias, le está asignado al Congreso, por Ley 1147 de 2011, la definición de los límites definitivos de los departamentos.    El Congreso, en diciembre de 2016, no aceptó el informe que propuso el IGAC  y lo devolvió.  

El IGAC no tiene competencia para fijar los límites entre los departamentos;  su competencia está expedir los mapas de acuerdo con la fijación que para el efecto  haya realizado el Congreso de la República.

Así las cosas, vemos con preocupación la ligereza con la que ha procedido el IGAC al expedir el nuevo mapa de Antioquia, donde la priva de más de 100 mil hectáreas de territorio, sin que el Congreso haya resuelto el diferendo limítrofe entre los dos departamentos. Da la impresión  de que se trata de una decisión que lejos de buscar la solución legal de la controversia entre los dos departamentos,  no hace cosa distinta que ejecutar el compromiso del Gobierno para conjurar la crisis chocoana. Eso es precisamente conjurar crisis con territorios ajenos por una vía rápida, una especie de “fast track”, la perversa modalidad de sacrificar la institucionalidad y el Estado de Derecho,  acudiendo a procedimientos abreviados.

Corresponde a la autoridad competente, el Congreso de la República, que no al IGAC,  escuchando a los departamentos en conflicto limítrofe y estudiando los antecedentes históricos, definir el diferendo conforme a derecho.  Es la manera de solucionar el conflicto, lo demás no deja de ser oportunismo político.