Acaba de terminar un proceso muy tortuoso. Tomó varios meses. Y hubo varios candidatos que se dieron por elegidos. Inclusive un tema de campaña presidencial. ¡Oh sorpresa!, las diversas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para elegir al nuevo Contralor y, por supuesto, hay algunas opiniones críticas, tanto del proceso como del resultado. Pero hay voces, también, que dicen que es excepcional que se hubiera producido una coincidencia de propósitos en un tema tan expuesto a la controversia.

Lo notorio de todo lo ocurrido, sin subestimar su significado, es el debate siempre precario y fugaz sobre cuál sería el mejor mecanismo para preservar la buena utilización de los dineros públicos. Es que de eso se trata. No tanto de asegurar que vayan a la cárcel unos cuantos; tampoco de montar escándalos en torno a la fiscalización de los recursos públicos. No. De lo que se trata es de asegurar la mejor ejecución de políticas públicas claves en una determinada coyuntura política. Por ejemplo, que esa concepción sobre el papel de la Contraloría se hubiera concentrado en los principales esfuerzos por asegurar la apropiada ejecución de los programas que buscaban la implementación de los Acuerdos de Paz. Ahora, se diría que corresponde vigilar y garantizar la mejor implementación de las políticas públicas que buscan disminuir la desigualdad entre regiones, grupos sociales o individuos.

O sea, el tema que con tanta insistencia planteó en su momento el Presidente Virgilio Barco, la erradicación de la pobreza.

Así se hace en algunos países. El tema de la lucha contra la corrupción corresponde a otras agencias. Y su eficacia no depende tanto de una multiplicidad de leyes (no se niega la necesidad de un marco jurídico) sino de una eficaz colaboración de la ciudadanía, tanto en el sector público como en el privado, para asegurar que la integridad sea la virtud que acompañe todos los procedimientos y la ejecución de todos los programas. Esta es la dimensión que brilla por su ausencia porque no son eficaces los mecanismos de protección del denunciante, de protección de la denuncia y el más significativo de todos: el reconocimiento de recompensas realmente importantes y no mezquinas.

Hasta ahora ninguna legislación ha contemplado en serio estos tres elementos. Por eso es casi natural que conmemoraciones como la que tiene que ver con la Delación Premiada (31 de Julio) o la del Día Internacional de la Corrupción hubieran pasado inadvertidos entre nosotros. Con la excepción de una pequeña nota en este periódico (18 de agosto pág. 16A). En esto hay una coherencia que debe reconocerse. Aunque el asunto estuvo en boca de todos los candidatos presidenciales realmente no se conoció ninguna propuesta concreta y ya parece haber dejado de existir como tema central. La verdad verdadera es que ni la Contraloría ni la Procuraduría, no obstante los poderes exorbitantes que la Constitución del 91 les otorga, cumplen adecuadamente su papel. Que podría ser modelo en América Latina. Obviamente no lo es.

Toda la conversación sobre cómo cambiar la naturaleza de estas instituciones (Contraloría y Procuraduría), seguramente encuentra apoyo en informes que Misiones Internacionales han elaborado sobre Colombia y no han sido tenidos en cuenta. Es que el tema también se extiende a las Contralorías Departamentales y Municipales y a las versiones regionales de la Procuraduría. Miles de funcionarios, se puede afirmar con muy buenas remuneraciones, y ¡el resultado deja tanto que desear!

El tema de cómo controlar la correcta ejecución del gasto público, tanto en la perspectiva de la integridad como en la de la apropiada implementación de las políticas públicas, sigue siendo una asignatura pendiente entre nosotros. Me cuesta trabajo olvidar la cifra descomunal que repetidamente divulgó el excontralor Edgardo Maya con respecto al latrocinio del Tesoro Público: 50 billones de pesos. Esta cifra no le produce escalofríos a nadie. Pasa desapercibida. Y el Contralor saliente, Felipe Córdoba, la reiteró. Sin repercusión alguna.

¿Cómo una sociedad política puede ser tan indiferente frente a una cifra tan descomunal? Nunca he compartido la idea, ya vieja de más de tres décadas, que recomienda entregarle la Procuraduría y la Contraloría a la oposición. De ninguna manera. Dos agencias que forman parte del buen gobierno, que no pueden ser utilizadas como herramientas principales del ejercicio tan necesario de la oposición. Que es también parte del buen gobierno. Toda la información obtenida por estas instituciones debe estar siempre disponible tanto para el Gobierno como para la Oposición. Y ello en forma oportuna y rápida. Así es el juego democrático.