Se concentraron en esta última semana toda una serie de noticias sobre relevantes casos de corrupción que  impactan  la opinión pública,  dando lugar a que se generalice una percepción negativa sobre sobre la administración de justicia en el país,  agravando la mala imagen  que ahora tiene, a cuenta de una variopinta modalidad de factores.

Sin lugar a duda, es por lo menos escalofriante lo que sucedió en la Fiscalía General de la Nación con la cabeza de la Unidad Anticorrupción, a la cual llegó recientemente un joven abogado penalista, defensor de  reconocidos políticos en problemas,  al parecer procedente de un despacho legal  perteneciente a dos  importantes exmagistrados  y con la recomendación de otro no menos significativo.   No olvidemos que al Fiscal General lo elige la Corte Suprema de Justicia de terna que envía el Presidente de la Republica y esto ha despertado con razón el sinsabor de que su designación pueda deberse de un tráfico de influencias  entre electores y elegidos. Confiamos en que por el bien de esta República esto no sea así; el fiscal en desgracia ya manifestó que aceptará los cargos y se justificó simplemente señalando  “caí” y creyendo que con pedir perdón se componen las cosas.   Ojalá que su arrepentimiento o la habilidad que ha adquirido para lograr beneficios dentro del sistema penal acusatorio, lo lleven a denunciar todo lo que ocurrió en el entorno de su designación.  

También  trascendió la noticia sobre la sanción a  una Fiscal de Neiva, destituida e inhabilitada por dejar vencer los términos para acusar, favoreciendo de esa manera a grupos delincuenciales.   Con razón señala el mismo Fiscal General de la Nación que el sistema acusatorio está colapsado.    Y mientras no se reforme y se aparte de la rama judicial así va a continuar.

No menos grave la sindicación que la Fiscalía hace a tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho, también relacionados con favorecimiento a grupos delincuenciales. Los Magistrados rechazaron los cargos. Así sea que por el bien de la justicia puedan demostrar su inocencia.

Lo más grave es que con el anterior inventario no precluye la lista de los casos de corrupción que impactan el sistema de justicia colombiano en estos momentos;   al cual se une la siempre mal manejada operación carcelaria que muestra en forma alarmante como se realizan matrimonios y fiestas en las cárceles,  con la tolerancia de los alcaides y administradores.  Se va llenando la tasa  para que se torne imperioso proceder  con  una reforma integral y a fondo de todo el sistema judicial,  criminal y penitenciario, para comenzar con la búsqueda de soluciones.  Es necesario que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia que, en últimas, es la única función del Estado que  garantiza paz, seguridad y libertad.