Lo que desató el fallo de la JEP sobre la extradición de Santrich y la renuncia del Fiscal General fue una crisis en la que quedó en evidencia, al mismo tiempo, la pequeñez política de sus principales protagonistas y la solidez institucional.

El exfiscal Martínez hizo bien en renunciar al ver que las pruebas contundentes - según su criterio jurídico-, no fueron valoradas de la misma manera por la sala de la JEP. Es más, si al rechazo de las pruebas se le suma que no estuvo de acuerdo con parte de los compromisos que asumió el Estado con las Farc para su desmovilización y pese a sus múltiples esfuerzos no logró incidir en su modificación, su actitud incluso pudo ser digna de elogio.

Pero fue de extrañar que, en lugar de acatar las decisiones judiciales y actuar dentro del Estado de derecho que dijo defender con su renuncia, haya dejado un manto de duda sobre la institucionalidad derivada del acuerdo de paz, cerrando su discurso con “exhortación a una movilización ciudadana” para rechazar el fallo de la JEP. De esta manera borró de un plumazo lo encomiable que pudo ser su actitud y lo que quedó al desnudo no fue siquiera una postura política a secas, sino más bien una actitud rayando el populismo.

También populista y además irresponsable, aunque no de extrañar, fue la postura del senador Uribe pronunciando frases como que lo que se está viviendo es una “crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo porque de lo contrario se pone en riesgo la recuperación de la economía y del tejido social…”.  Así dejó su impronta para promover en la Colombia de hoy -polarizada en gran parte por sus actitudes de tiempo atrás- el salto al vacío de una asamblea constituyente, como único recurso para ¡por fin! sepultar la JEP, que es en realidad lo que más quiere, porque le preocupa.

A su turno el presidente Duque, al menos por ahora, hizo bien en no seguir el rumbo insinuado por el jefe de su partido en cuanto a la constituyente. Sin embargo, aunque por fortuna su discurso no fue incendiario, tampoco irradió serenidad para superar la crisis.

Diferentes, y estas sí responsables con el país, fueron las actitudes y posturas del Procurador General y de los voceros de los partidos Liberal, Cambio Radical y la U. El primero demostrando que las instituciones no están en crisis, sino que por el contrario funcionan, ejercitando además e inequívocamente la división de poderes. Y en la misma dirección los partidos mencionados declararon que “el caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”. Es decir, lo de “crisis de destrucción institucional” es falaz. 

Pero lo preocupante es que la grandeza política no se vislumbra en el horizonte y los jefes, que no líderes políticos, más visibles, lo que ofrecen son visiones simplistas y poco edificantes para un país que clama por un mejor futuro.