Los gobiernos de Colombia y el mundo están en un momento tan prometedor como desafiante para tomar medidas concretas y eficaces que permitan contener el deterioro de los ríos, hoy afectados por minería ilegal, vertimientos, construcciones sin control, sobrecarga de turismo, y otros males.

No se trata de un asunto menor. En nuestro país ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y aún peor, poblaciones más pequeñas, enfrentan enormes desafíos para restaurar y preservar sus ríos. Más allá de mitigar la contaminación existente hay que evitar que aquellos que aún están bien se deterioren con nuevas fuentes de contaminación.

Tan solo un ejemplo que conozco bien y que la semana pasada volvió a ser noticia es el del río Pance. Difícilmente encontrar no sólo en Colombia sino en el mundo un río en el perímetro de un municipio tan grande utilizado por la ciudadanía y con tanta belleza natural. La Universidad Icesi realizó una investigación sobre la sostenibilidad del río durante los próximos 20 años y encontró que la situación actual del río obedece principalmente, aunque no exclusivamente, a los efectos de las concesiones para la explotación del río para proyectos de vivienda a su alrededor. El estudio arrojó que hay una alta posibilidad de que en pocos años el caudal del río se vea significativamente disminuido.

A esto se suman las descargas orgánicas sin tratamiento o con tratamientos que no tienen ningún control de calidad de vertimientos. Así las cosas es un riesgo real que el río, además, se convierta en una cloaca, como lamentablemente sucede con otros ríos que atraviesan las principales ciudades de Colombia y cuya recuperación puede tomar varias generaciones.

Esta no es una problemática exclusiva del río Pance, por eso las recomendaciones de la investigación bien podrían aplicarse a los ríos de Colombia. Así las cosas, el daño causado al río se puede mitigar con políticas como: limitar el número de concesiones en las riberas y el adecuado tratamiento de los vertimientos de carga orgánica, incluso eliminándolos por completo.

Esto solo puede lograrse si los constructores cuentan con incentivos apropiados para conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado en vez de hacer los vertimientos directamente a los ríos, como se trata de hacer. Por eso, estoy trabajando en una propuesta que presentaré en la próxima legislatura para que el Gobierno tenga las herramientas necesarias para crear dichos incentivos con el fin de crear modelos sostenibles para el uso que le estamos dando al agua. Estos incentivos deben extenderse a regular el uso del agua en temas de agricultura y riego de cultivos. Y ante todo necesitamos la capacidad de asegurar el cumplimiento.

Además es necesario crear incentivos para que los hogares cambien sus sistemas de alcantarillado doméstico a sistemas que se conecten con las redes de las ciudades y se pueda dar un manejo responsable a estos desechos.

El diagnóstico está claro. El tiempo apremia. Es necesario que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales se pongan manos a la obra para trabajar en una solución. La preservación de nuestros ríos no da espera.