Se revelaron las deficiencias del sistema judicial colombiano; quedó en evidencia en esta crisis su absoluta inadaptabilidad a situaciones como lo que estamos atravesando. No existen los instrumentos para que las autoridades judiciales puedan flexibilizar los procedimientos, adaptándolas a la situación de emergencia. Las normas del “debido proceso” no permiten que el juez adapte el procedimiento a los mecanismos que ofrece la tecnología y las plataformas virtuales para no diferir las actuaciones. Así que, lo único que pudo hacer el Consejo Superior de la Judicatura fue suspender los términos; es decir, el sistema judicial entró en una especie de hibernación, como si esto fuese posible en una sociedad, sobre todo cuando la pandemia puede durar en actividad muchos meses y hasta años.
Existen los instrumentos tecnológicos para que no suspender las actuaciones procesales; pero se requiere de una norma previa que autorice la adaptación o el paso a los sistemas telemáticos, como ocurre con la justicia arbitral, que ha seguido funcionando. Habrá audiencias y términos que deban suspenderse, pero en general, el proceso continúa y se impulsa en la mejor forma posible.
Aunque algunas actuaciones penales han podido adelantarse; la suspensión de términos afectó hasta el trámite de las tutelas. Los procesos en general y especialmente los civiles, podrían en esta eventualidad adelantarse en expedientes electrónicos y el juez tomar la decisión de tramitarlos de esa manera, mientras pasa la pandemia.
Se desaprovechó la potestad legislativa del Estado de Emergencia para haber permitido el cambio del proceso, del oral al virtual, pudiendo las partes alegar por escrito y los jueces dictar sentencias también por escrito y recibir pruebas, testimonios, interrogatorios por plataformas virtuales. Habría sido una gran oportunidad, así como para desembargar los recursos de la salud depositados en las cuentas de clínicas y hospitales, por orden de jueces que inútilmente discuten sobre su naturaleza jurídica.
Lo que se avecina en Colombia es toda una pandemia de procesos judiciales en el futuro; la congestión del sistema va a ser enorme y no estamos preparados para ello. Por ejemplo, lo que será el examen de la responsabilidad del Estado en todo este manejo, pues es evidente que el sistema de salud estaba atrasado y deficitario como en muchos países; no había siquiera material para proteger a los médicos. La falla en servicio motivará miles de demandas contra el Estado que habrá que afrontar.
Además, las relaciones de salubridad con ocasión de los pacientes atendidos, que generarán conflictos de responsabilidad médica con médicos, clínicas, hospitales, EPS, etc., llegarán seguramente a engrosar el torrente judicial. Temas de responsabilidad sanitaria, pondrán en jaque a las instituciones médicas
En España se aprovechó la emergencia para dictar decretos exonerativos de responsabilidad generalizada en el manejo médico de los casos. Acá no tocamos el tema. Se avecina una pandemia judicial con todos los conflictos sobre arrendamientos, contratos de trabajo y relaciones comerciales, frenados en la actual crisis. Debemos preparar las medidas para evitar un colapso en el sistema y para garantizar la pronta y debida justicia.