“El problema es la responsabilidad”

Se apresta el país a continuar con el aislamiento obligatorio, seguramente con el consejo de expertos científicos; sin embargo, es bueno que miremos otras ópticas sobre sus consecuencias. Con ocasión de la pandemia del Covid-19, la mayoría de los países de Europa y América implementaron como medida el confinamiento obligatorio de la población, buscando aplazar el “pico máximo” de contagio por la enfermedad; a fin de los sistemas de salubridad pública pudieran prepararse y la población tomar conciencia de lo importante que son las medidas de aislamiento para evitar los contagios. De esta manera, dicho “pico máximo” no se presentaría en forma tan inmediata, evitando colapsar el sistema rudimentario de salud que todos tenían para afrontar la enfermedad.  Con estos confinamientos no se evita la  enfermedad, simplemente se aplaza su  llegada a plenitud, pero vendrá de todos modos. Lo único que podría aliviar, sería una vacuna o un tratamiento, que apenas se vislumbran a lo lejos.

El daño en la economía es enorme, cada día se pierden puestos de trabajo y las empresas están a punto de colapsar; ni que hablar de los trabajadores informales.   Todos, en cada día que pasa,  avanzan amortajados hacia la bancarrota.  Muchas empresas  enfrentarán dificultades por insolvencia y mientras la economía se restablece, puede pasar mucho tiempo y mientras tanto, el hambre acecha.

Algunos países como Suecia, optaron por otras estrategias, no confinaron la población, se dieron más bien a una tarea educativa, con aislamiento voluntario y no obligatorio, evitando además colapsar la economía.

La Constitución Política de Colombia, de 1991, por supuesto pre- pandemia y para tiempos normales, establece en su artículo 333 que: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.  Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”.

Dos cosas llaman la atención.  Lo primero, el confinamiento impide el ejercicio de la libre empresa y se ordena por unos decretos, gubernamentales, sin fuerza de ley, no de emergencia económica, basados en la emergencia sanitaria, que a su vez se ampara en el plan de desarrollo del gobierno Santos. Es decir, se pasan la Constitución por “la faja”.  Los alcaldes a su vez, exigen, sin autorización legal, el cumplimiento de unos protocolos para que algunas empresas autorizadas  puedan reabrir, también sin competencias legales que los autoricen;  es decir, se pasan la Constitución por “la borda”.

Gobernar es difícil en una democracia, pues el gobernante no puede aplicar medidas sin autorización legal o constitucional en un Estado de Derecho. No estamos contra las medidas; sabemos que muchas son bien intencionadas, pero eso no implica que se puedan “brincar” la Constitución.

El problema se traduce en responsabilidad; el Estado se está haciendo responsable de todo este desastre; conforme al artículo 90 de la Constitución responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en evento de ser condenado, debe repetir contra el funcionario responsable.  Ya vendrán los pleitos.