Colombia es reconocida por ser buena paga con su deuda externa, aún en épocas difíciles, en comparación con países de la región. Característica que se resalta sin reparar en los costos económicos y sociales, pues el pago de altos intereses del permanente y creciente endeudamiento es una forma de entregar riqueza.

De otro lado, ha pagado de muchas formas un costo incuantificable a lo largo de décadas de conflicto armado; entre quienes se atrevieron a dar alguna cifra, en 2016, según el diario El País, la firma Raddar y Corporación Bienestar estimaron que el conflicto le ha costado al país $2724 billones desde 1964. Y en términos de Plan Colombia, el país puso casi cuatro veces el aporte de Estados Unidos, según el exembajador Myles Frechette (Gerardo Reyes/2015).

Sin embargo, Colombia enfrenta hoy el crucial problema de cómo pagar la paz. Es más, de si realmente el establishment y la sociedad tienen voluntad de pagar la paz; condición para asumirla como proyecto colectivo. El presidente Gustavo Petro, formuló estas y otras preguntas fundamentales en su intervención ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el pasado 11 de abril; al compartir, lo que llamó algunos puntos de dificultad en relación con el cumplimiento de lo hasta ahora pactado en la paz y constatado durante sus ocho meses en el ejercicio del gobierno.

Según las cuentas presentadas por el presidente, de un lado, la indemnización de las víctimas del conflicto cuesta 301 billones de pesos y, el presupuesto actual -anual- es de 2.5 billones. Con esta inercia se tomaría 125 años cumplir. Entonces, “siendo realistas hoy no hay campo fiscal para indemnizar a las víctimas”, concluyó. De otro lado, en materia de restitución de tierras, la compra de tres millones de hectáreas la estimó en 60 billones de pesos, frente a un presupuesto del Ministerio de Agricultura que ronda los 1.3 billones anuales. Y a hoy se ha comprado solo el 0,3% de la tierra. Además, dijo que el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016, cuesta 150 billones de pesos.

En nuestra historia abundan los esfuerzos por llegar a acuerdos para superar las violencias y el conflicto. Pero, resulta espinoso cumplirlos. Sin embargo, venimos aprendiendo, entre lágrimas y sangre, que es mejor pactar. Aunque, luego, no se cumple, en gran medida, porque estamos atrapados en un círculo vicioso del no se puede. No se pueden hacer reformas ni redistribuir el ingreso y la riqueza porque los mercados entran en desconfianza y se desestimula la inversión, se afecta el empleo y las empresas se tornan insostenibles y, así una larga lista de polémicas.

Ahora, nos corresponde pasar al ineludible capítulo de que es mejor cumplir lo acordado. Algo insólito en un país que se precia de su tradición legalista y con gran desarrollo del derecho privado en materia de obligaciones y contratos.

La discusión planteada por el presidente no solo es responsable, sino que marca una diferencia con anteriores gobiernos, más proclives al efecto analgésico en similares circunstancias, dejando que los problemas se acumulen y les estallen a otros. Es necesario asumir el debate como nación, pasar de las intenciones a los hechos y definir la ruta para sufragar los costos de la paz.