Como resultado de los Acuerdos de La Habana, se dispusieron diez curules para las Farc, cinco en Senado y cinco en la Cámara de Representantes, y también 16 para las víctimas en esta última Cámara. Las de las Farc las designó el partido; pero en el tema de las víctimas, no es tan sencillo; es indispensable una reglamentación a fin de buscar representación, equilibrios y que terceros ajenos no resulten apropiándose de ellas y menos los victimarios. Por ello fue necesario presentar un proyecto de acto legislativo que previera circunscripciones especiales, regiones, etc., el cual hizo tránsito en el Congreso, pero en diciembre de 2017, en el trámite de la conciliación ante el Senado, estando habilitados para votar solo 99 senadores, obtuvo 50 votos, no alcanzó la mitad más uno, y la mesa directiva del Senado, estimó que no se había aprobado.
La decisión de la mesa directiva del Congreso fue demandada ante el Consejo de Estado porque algunos opinan que hubo mayoría, que eso de la mitad más uno no lo dice la norma y que el tema de curules está aprobado. El proceso judicial avanza, con dificultades, pues cuando estaba para audiencia de conciliación, se presentaron dos intervenciones de terceros, que se negaron por extemporáneas y recurrieron en suplica, pendiente de definición, por lo que se aplazó la audiencia programada la semana pasada.
De otro lado, el actual Presidente del Senado ha manifestado que piensa revocar el acto administrativo de la anterior mesa Directiva, para en su lugar tener como aprobado el acto legislativo y continuar con su trámite enviándolo a sanción presidencial. Bien atrevida posición; imaginemos que una mesa directiva nueva entre a ratificar o invalidar actos de trámites legislativos en los que no estaba en funciones; equivaldría a la inestabilidad de las leyes, ocasionado por quienes en ese momento no tenían competencia para ello.
La única manera jurídicamente posible de revivir las curules, sería que el Consejo de Estado por sentencia, abra el camino, dejando sin piso el acto administrativo de la mesa directiva que las consideró no aprobadas o que se tramite otro acto legislativo en el Congreso, como lo ha anunciado incluso el Gobierno, aprovechando para reorganizar el tema logístico de las circunscripciones e incluso evitando más gasto presupuestal. Bueno, también hay una tutela en curso, presentada por un Senador, tendiente a que reviva el trámite legislativo que puede dar sorpresas.
Lo más preocupante es lo que hemos escuchado en el sentido de que, tal como viene la reglamentación, los que designarían los titulares de esas curules serían, quienes controlan los territorios de las circunscripciones especiales o territorios escogidos para la asignación de las curules, hoy dominados por violentos, que son ahora, las disidencias de las Farc o grupos de delincuencia organizada, es decir, los entonces victimarios; intervendrían todos menos las víctimas. Poner las curules asignadas a las víctimas en los acuerdos, en manos de sus victimarios, equivaldría nada más y nada menos que revictimizarlas.