18 detenidos, 3 abatidos y 5 prófugos, es el número de nacionales involucrados en uno de los episodios más vergonzosos internacionalmente para nuestro país, pero a la vez más confusos para una opinión pública que aún no sabe que creer.

Existe multiplicidad de versiones, oficiales y políticas haitianas, familiares de los colombianos, que los ubican muchas veces como villanos y otra como héroes. No hay aún explicación a la coincidencia de su presencia en ese país. 

Lo cierto es que 12 disparos en la humanidad del presidente haitiano Jovenel Moïse terminaron de manera violenta con su vida y nos pusieron como país en las miradas de todos.

Entonces todo sigue siendo confuso, civiles haitianos entregando a colombianos, una oposición que desmiente esta versión y un silencio que con el correr de los días pareciera de forma cómplice sentenciar la suerte de estos hombres. 

Lo único cierto es que hay evidencias que en los últimos veinte años quienes han dejado el ejército de nuestro país, han tenido como una opción de seguir teniendo ingresos por estas actividades y conocimientos militares, el alistamiento en grupos de mercenarios que se desplazan por todo el mundo y que son reclutados en nuestro territorio.  

Empresas contratistas en el área de seguridad especialmente, de origen norteamericano o inglesas, han escogido nuestro país como fuente de recurso humano militar para ser exportado a participar en guerras como la de Afganistán, Yemen e incluso Irak. 

Esas empresas realizan el trabajo sucio que por responsabilidad internacional estos Estados no pueden hacer.

De eso algo habíamos escuchado, pero siempre supuestamente dirigido a la protección de infraestructura o personas en otros países. Lo que no nos imaginábamos es que estas organizaciones también tuvieran intereses en derrocar mandatarios o cometer crímenes de Estado, y que acudieran a reclutar personal colombiano para esto, porque de ser así, no se explicaría uno como logran conseguir de forma tan fácil 26 personas que se presten para ello.

Preocupante, también, es que esta privatización o tercerización del actuar militar en el mundo, que se sabe se hace con el fin que no pierdan la vida ciudadanos de sus países, acudan a nosotros en este proceso de exportación de carne de cañón como ocurrió en este caso.

De acuerdo a un informe presentado en el año 2011 del Comité en el Senado americano, sobre Seguridad Nacional de ese país, entre los años de 2005 y 2009 ese gobierno había gastado más de US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina y la mayoría de empresas contratistas estaba en Colombia. 

En conclusión, queda claro entonces que con el aparato militar oficial en este país convive uno alterno multinacional y que corresponde al gobierno decirnos en qué forma opera y la legalidad de éste, porque su sola existencia cómplice preocupa, pues si bien éramos conocedores de nuestra capacidad de violencia, no sabíamos que ya la exportábamos.