En Colombia los peores escenarios se han vuelto realidad. Padece nuestra sociedad las secuelas de una profunda degradación que revela una inquietante afectación a los valores éticos y morales de nuestra comunidad. La violencia inaceptable contra las mujeres, los crueles asesinatos de niños y niñas, la intolerancia agresiva de muchos ciudadanos, la corrupción impune, la drogadicción consentida, entre otros fenómenos, son manifestaciones dolorosas y repudiables de un estado de descomposición creciente del tejido social que toca a la puerta de nuestras instituciones, que también flaquean en el cumplimiento estricto de sus deberes y funciones, amparadas en las recetas de extendida permisividad que se practican bajo el ropaje sugestivo del libre desarrollo de la personalidad.
Los derechos carecen de límites y los deberes de vigencia, y prevalecen los impulsos, apetitos y afanes de quienes se saben absueltos por la transgresión de los valores fundamentales de nuestro conglomerado humano.
El crimen atroz de la niña Yuliana Samboní conmovió a toda la nación y produjo la reacción de una opinión pública harta de tanta villanía. La espontanea movilización de personas indignadas, de todos los estratos sociales, constituye una manifestación de hondo rechazo al relajamiento de los lazos de la cohesión social que hoy afecta a nuestra sociedad y una demostración de apego a los valores comunes de una ética social que privilegia el respeto a la vida, la prevalencia de la justicia, la convivencia en la diversidad y el ejercicio de la libertad en el marco de un orden que garantice su ejercicio y su respeto.
Representa la expresión desesperada de una ciudadanía preocupada por los peligros que entraña el abandono por las instituciones de sus deberes y competencias para el mantenimiento de una convivencia ciudadana pacífica y respetuosa de los derechos e integridad de las personas, hoy amenazada por la exacerbación punitiva que las gentes quieren consumar por sus propias manos.
Se escucha la cercanía de un mar de fondo que se levanta en contra de gobernantes, políticas e instituciones incapaces de responder y garantizar los más preciados derechos de las gentes, de consolidar la armonía social y de ofrecer seguridad y tranquilidad a sus conciudadanos.
Se observa una ruptura de la democracia representativa y un desprecio por la participación de los colombianos en la definición y alcance de sus metas individuales y colectivas. Se siembra así la semilla necesaria para el florecimiento de alternativas sociales y políticas de impredecibles pero nefastas consecuencias.
A pesar de ello, subsiste aún la esperanza de encontrar el camino hacia el reencuentro de la ética social y de la decencia política. Al pueblo le corresponde decidir.