La dramática situación de Colombia es que lleva cerca de seis décadas signadas por la violencia y el terrorismo, siempre en nombre de la liberación del imperialismo ‘yanki’, para caer, por supuesto, en manos del imperio chino o del imperio ruso.
Colombia ha visto desfilar a lo largo de su historia a bandas armadas y organizadas como las Farc, el Eln, el Epl, el M-19 y el Quintín Lame, entre otras, transformadas por obra y milagro de la cocaína en bandas narcotraficantes que han perdido el sentido revolucionario para convertirse en simples carteles del primer país productor de cocaína del mundo.
El Ejército Nacional presentó una relatoría ante la JEP, en la que registra 18.841 asesinados, 5.707 desaparecidos y 316 secuestrados, para un total de 69.573 víctimas, la gran mayoría de ellas no reconocidas oficialmente. El número de civiles caídos es inconmensurable. Así que romantizar los desafueros farianos de chantaje, extorsión, secuestro, fusilamientos y narcotráfico, es quitarle el piso real a los narcoterroristas de hoy que solo buscan enriquecerse mientras se burlan de un Estado dirigido por un equipo confuso, apasionado y con su FFPP debilitada.
Justo, antier, cuando se celebraron20 años del bombazo del club El Nogal, que dejó 38 muertos y 180 heridos, y a raíz de la última sentencia de la CIDH que condenó al Estado por el genocidio de la Unión Patriótica en las décadas 80´s y 90´s, alias “Timochenko” salió a pedir que se le reconozca a las Farc la condición de víctimas, en un desafuero mayor que controvierte el espíritu republicano, demócrata y civilista de Colombia. Es un mega-super-hiper-desaguisado que puede terminar en el cambio institucional del país y su relevo por una autocracia tiránica,
Y a eso le apunta el actual presidente, en mala hora votado por cerca de la mitad de los electores del país. Su reciente declaración a un grupo de jóvenes en el barrio Siloé, comuna 20, en Cali, es el refuerzo ideológico de un gobernante que impone sus criterios y emociones, por encima de su obligatorio razonamiento como guía de 52 millones de colombianos que miramos con incertidumbre su improvisado y reciente plan de gobierno.
Las reformas política, al sector minero energético, a la salud, a las pensiones y la “paralización”, constitucional por lo demás, de la Fuerza Pública, han llevado a que durante sus escasos seis meses de este gobierno, se registren más de 34 masacres con un total de 117/120 muertos, a corte de Indepaz. Estos asesinatos se han producido en la periferia del país, mientras en las urbes del centro, se evidencia un aumento de delincuencia callejera.
Como bien lo advierte Oscar Platero, capitán en retiro del Ejército de Guatemala, posesionar los términos genocidio y delitos de lesa humanidad, es una clara guerra ideológica pues tales delitos, una vez certificados por una organización internacional, no prescriben siendo, como lo son en Colombia, consecuencia directa de los acuerdos de paz entre los gobiernos de turno y los grupos armados irregulares organizados. Y bien que lo saben en Guatemala, desde donde sindican al actual ministro de Defensa colombiano.