Una de las decisiones más complejas en esta pandemia ha sido el cierre de los colegios y la suspensión de las clases presenciales. Las implicaciones de confinar a los niños son amplias, además de que no son iguales en todas las ciudades, municipios o zonas rurales del país. Sin embargo, tras un año en esta crisis sanitaria y considerando que en el horizonte de corto plazo no saldremos definitivamente de ella, hay voces que, acompañados de alguna evidencia, sugieren que es momento de tomar la decisión y hacer que los niños en Colombia vuelvan al aula de clase.
Más del 90% de los niños de los colegios oficiales completaron un año en casa. Esto es cerca de siete millones de estudiantes que hoy dependen de una conexión a internet, no siempre disponible, para poder cumplir con su formación escolar. Esto es particularmente problemático en zonas rurales donde la conectividad es incipiente y persisten brechas tecnológicas. En el caso de las grandes capitales como Bogotá, Cali o Medellín, la preocupación es que, mientras los estudiantes de colegio privado tienen la opción de ir al aula de clase, los matriculados en colegios oficiales no tienen esa opción, lo que podría ampliar las ya importantes desigualdades entre unos y otros.
Desde luego, la alternativa de la virtualidad debe mantenerse y no podemos dejar que la discusión de la presencialidad se convierta en una especie de todo o nada. Más bien, se trata de un asunto que tiene suficientes matices como para asimilar que se debe hacer un esfuerzo por seguir asegurando conectividad, pero también por permitir que las aulas sean espacios seguros para estudiantes y profesores. En ese orden de ideas, la presencialidad debería regresar en primera medida a aquellas regiones donde existe una baja incidencia en la transmisión del virus y donde las condiciones epidemiológicas se pueden controlar con mayor agilidad que en otras regiones.
De otro lado, la presencialidad debería agilizarse en donde no ha sido posible asegurar la conectividad de todos los estudiantes, muchas veces porque sencillamente no hay cobertura de red de datos o internet. Resulta inconcebible permitir que, por tiempo indefinido, miles de niños se queden sin ninguna clase de acceso a la educación. Por último, debería permitirse el acceso a la educación presencial en aquellas instituciones educativas que cuentan con la infraestructura adecuada para recibir el modelo de alternancia con seguridad para los actores involucrados.
En cualquier caso, lo positivo que debe quedar de este duro momento es que se hable de la necesidad de mejorar la infraestructura educativa en Colombia. En años anteriores, ciudades como Cali hicieron un esfuerzo notable por actualizar las plantas físicas de los colegios oficiales, pero eso debe ocurrir en todos los rincones del país, porque si algo deja de lección esta pandemia es que la educación no puede seguir pagando el precio de la precariedad.