La semana que pasó comenzamos a ver los primeros problemas que arroja  la Jurisdicción Especial para la Paz, que  ya comienza a producir efectos en Colombia y que son los pioneros  de la cascada que se viene.    

Esta jurisdicción, desarticulada de todo el sistema de justicia colombiana consagrada en la Constitución de 1991,  sin duda fue una imposición de las Farc, que no aceptaron que el  sistema de justicia transicional que coronaría el fin del conflicto,  fuese aplicado por  los jueces  colombianos en  la justicia tradicional;     precisamente porque la justicia  colombiana,   había procesado a todos los  máximos jefes guerrilleros,  sin excepción,   quienes coleccionan cuantiosas  sentencias con  penas  privativas de la libertad  por varias décadas.  Esas sentencias, todas para enmarcar, puesto que  las fuerzas militares fracasaron en  labor de cogerlos para que pagasen por sus delitos. Seguramente, esta realidad los hacía desconfiar en que fueran los mismos jueces  y el mismo sistema que los había condenado, quienes fuesen aplicar los beneficios  que les traía el fin del conflicto. 

Perfectamente,  el sistema judicial colombiano  habría podido aplicar los beneficios de la justicia transaccional;   nada hace distinto el juez que aplicar la ley.  Ante la negativa de la Farc y la necesidad  de superar  el punto en las negociaciones,  se llegó a este sistema, con varios pecados, siendo el más grave precisamente, en que es un sistema paralelo al del Estado,  al que dispone la Constitución para cumplir la función.   Claro que es único en el mundo  como dicen los abogados asesores que lo impulsaron;   pues no hay país serio en la tierra, que permita semejante golpe a sus instituciones,  como el que se dió  en Colombia.

Pero  otro gran pecado, es que para poder ambientar el despropósito,    extendió el modelo a todos los actores del conflicto, las fuerzas armadas,  los colaboradores, funcionarios del Estado, entre otros.  Esto sí que resulta bien exótico;  que el Estado renuncie a que sus militares, soldados y funcionarios sean juzgados por su por sistema de justicia. Claro que merecen los mismos beneficios,  pero aplicados por los jueces y el sistema del Estado y no por una diseño al latere para los guerrilleros.

Por supuesto que  los ministros condenados y todos los demás funcionarios tienen derecho al acogimiento  en la JEP;  donde deberán acreditar que su delito, por el cual se les investiga o por el que se les condenó, tiene relación directa o indirecta con el conflicto armado.  Si consiguen demostrarlo,  podrán  gozar de los beneficios, si les son más favorables. Como están las cosas,  va ser muy difícil que  algún delito no tenga relación con un conflicto que invadió todas  las esferas de la sociedad colombiana.

Una jurisdicción especial, que va a ser integrada por una comisión donde intervienen organismos extranjeros, que nada saben de los jueces colombianos, va a dar mucho que opinar en Colombia.  El problema era muy simple, aplicar el sistema a  unos 400 guerrilleros si mucho, pues los demás, el gran grueso, pueden y van a ser amnistiados.   Se abrió la caja de Pandora, para que lleguen miles de personas que ven una posibilidad de mejorar su situación con la justicia  y entran a probar suerte con una novel institución que nos  coloca  en el grupo de países que  conforman las repúblicas bananeras.