La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, presentada por el nuevo ministro del Interior como su principal objetivo, ha suscitado un intenso debate y preocupación. La discusión se centra en la necesidad de reformas constitucionales frente al posible riesgo de comprometer nuestra estabilidad institucional y democrática.
A mi manera de ver, la caja de pandora de un proceso de cambio de la Constitución, es un riesgo enorme. Veamos.
La separación de poderes es un principio esencial consagrado en la Constitución de 1991. Este principio asegura que ninguna rama del gobierno pueda acumular demasiado poder, lo que es vital para prevenir el autoritarismo y garantizar una gobernanza democrática.
La reciente propuesta de una nueva Constituyente podría poner en peligro este equilibrio. En un contexto donde diversas formas de autoritarismo están emergiendo en muchas partes del mundo, es crucial defender la independencia entre las distintas ramas de gobierno. En Chile, por ejemplo, recientemente se intentó reemplazar los tres poderes por una “Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos”.
Otro de los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 es la protección de los derechos humanos y la propiedad privada, elementos esenciales para asegurar la libertad individual y la autonomía económica de los ciudadanos. La propiedad privada, protegida hoy por la Constitución, no solo es un derecho económico sino también un derecho humano fundamental.
La creación de la Corte Constitucional ha sido sustancial para la defensa de la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La Corte ha desempeñado un papel crucial en garantizar que las leyes y políticas públicas se alineen con los principios constitucionales y los derechos fundamentales, promoviendo su aplicación universal en todo el territorio nacional.
El pluralismo político es un elemento crucial de cualquier democracia. La Constitución de 1991 reconoce y protege la diversidad de opiniones y la existencia de múltiples partidos políticos.
Además, cualquier reforma constitucional debería fortalecer y no debilitar las garantías de transparencia y equidad en el proceso electoral. ¿Quién nos lo asegura frente a un cambio?
Cuando el liderazgo se centra en imponer visiones y agendas propias, dejando en un segundo nivel, las necesidades urgentes de la población, se descuidan las políticas reales que pueden mejorar la situación de los más vulnerables y fomentar el desarrollo.
La superación de la pobreza requiere políticas pragmáticas y centradas en la gente, que promuevan la creación de empleo, el acceso a la educación de calidad, la inversión en infraestructura y la protección social adecuada. Solo a través de un enfoque inclusivo y centrado en las verdaderas necesidades de la ciudadanía, se puede avanzar en un futuro libre de pobreza.
En lugar de radicalizarse, e insistir en cambios exabruptos, que desenfocan y distraen, podrían alinearse en implementar acciones concretas que atiendan las necesidades de los colombianos y desarrollen plenamente los principios y mecanismos que ya están consagrados en la Constitución del 91.
Las políticas públicas bien implementadas, son el verdadero motor de los grandes cambios.