Con pasos fuertes el gobierno Petro se toma las instituciones de la democracia. Reaparece el temor de un estremecimiento que destruya los cimientos del actual régimen político colombiano. No son prevenciones gratuitas. El presidente continuamente convoca al pueblo a construir una “democracia directa”. Cuando el Congreso se somete ante las maniobras de ministros que anuncian decretos generosos es poca la resistencia que subsiste. Tal vez quedan las masas que han comprendido pronto que el futuro puede oscurecerse, aunque no ven aún el heraldo de la esperanza. Es el destino de las democracias, siempre asediadas por los mismos arqueros que protege.
En América Latina los gobiernos socialistas nunca han gobernado con éxito. Nunca. Sus fracasos son múltiples, evidentes, estruendosos. Hambre y cadenas es su trágico legado.
Ahora mismo camina una reforma que establece la exclusiva financiación del Estado a las campañas políticas. Sorprende que un cambio de tal naturaleza no haya dado lugar a debates y acuerdos entre las fuerzas parlamentarias. Todavía más, no se comprende como la Circunscripción Nacional para Senado (C.N.S.) que ha dejado -en cada cuatrienio- un promedio de 11 departamentos sin vocero en la Cámara Alta, no sea objeto de revisión en ninguno de los proyectos de reforma política que se han presentado. Tampoco se conoce protesta alguna de los líderes de los departamentos sin senador. Hemos presenciado campañas electorales asimétricas desde que la Constitución/91 estableció la C.N.S. No es lo mismo un candidato a senador que se lanza en Sucre, con un millón de habitantes, que un candidato en Bogotá, con ocho millones de habitantes. Ese ejemplo extremo evidencia la dimensión de la sinrazón.
Volviendo al tema del dinero en las campañas, no hay entidad que pueda vigilar los gastos de los candidatos al Senado que se desplazan por todo el territorio nacional.
Propone la reforma, entre otras cosas, una autoridad electoral independiente de los partidos. Parece un objetivo loable. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en las democracias los partidos tienen asiento, en proporción a su presencia en las cámaras, en los despachos oficiales correspondientes a medios de comunicación, carrera administrativa y organismos electorales. Es que, entregar la “administración” de elecciones a ciudadanos ajenos al ejercicio democrático es un riesgo que no se debe correr. En el afán de parecer como niños buenos los Congresistas se han autoimpuesto limitaciones extrañas, como la prohibición de ser Ministros. Eso significa, nada menos, que los únicos que no pueden ser miembros del gabinete ejecutivo son los elegidos por el pueblo. Además, los presidentes tienen muchos recursos para obtener el favor del Congreso, que es lo que se ha pretendido impedir. Eso es cosa de todos los días. La vigilancia bienvenida al Congreso no puede derivar en que se le trate como “la escuelita de doña Rita”.
Ahora bien, las reformas para que trasciendan deben de tener el alto objetivo de transitar hacia una democracia capaz de resolver los problemas de la gente.
Asimismo, los partidos deben trazarse metas sociales como lo exigen las carencias nacionales. Ejercer la oposición va más allá de decir “no” a los proyectos gubernamentales y derrotarlos en las cámaras legislativas. En paralelo está la obligación de presentar propuestas alternativas o programas con soluciones, proyectos que faciliten los ajustes estructurales que necesitan la economía y la sociedad. Los líderes de los partidos de oposición están obligados a responder los mensajes dialécticos, los sofismas, a los que recurre a diario Petro desde el atril más alto de la Nación. Esa respuesta político-intelectual hasta ahora ha sido débil. La tarea de la oposición es producir esperanza en el mañana de la patria, darle al pueblo inconforme banderas y propósitos para conquistar la victoria en 2026.
En este comienzo complejo del S.XXI ya no bastan los viejos anunciados. Ya no basta la igualdad de oportunidades, por ejemplo. Los pueblos exigen propuestas que compensen la desigualdad de las trayectorias. Ese es el mayor reto contemporáneo: los estudios y análisis sobre el tema se vienen dando de mucho tiempo atrás. Le corresponde a la Política, a los políticos, sacar el tema de las academias, de las universidades, de las conferencias de expertos. Y convertirlo en bandera, en propósito, en obligación perentoria. En leyes para un mejor futuro.