Desde hace tiempo no vivíamos en todo el país una situación de desastre nacional, desencadenada como resultado de la intensificación del fenómeno “El Niño”, según lo informa la Ley 1523 de 2012 y lo dispone el Decreto 037 del pasado 27 de enero de 2024. En la citada Ley 1523, se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, orientado hacia la igualdad, protección, solidaridad, interés público, precaución, sostenibilidad ambiental, concurrencia y subsidiariedad.

Esta política busca asegurar la atención oportuna a las comunidades afectadas por desastres, particularmente a los más vulnerables, pero parece que los resultados no han sido los más apropiados en tiempos de dificultad como el transcurrido este año.

Si bien, un estudio del Departamento Nacional de Planeación destaca los impactos económicos de futuras sequías en Colombia, resaltando la importancia del Plan Nacional de Contingencia 2014-2016, a pesar de la ejecución del Plan de Gestión ante el Fenómeno El Niño en 2023, aún existen limitaciones en la toma de decisiones a nivel territorial y nacional, tanto por falta de liderazgo en las entidades donde la interinidad parece haberse vuelto regla, como en el debilitamiento económico de los cuerpos de bomberos, sometidos muchas veces a vivir de rifas de carros y venta de calcomanías, o, por lo menos así los recuerdo en Tunja en mi niñez.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que El Niño persistirá al menos hasta marzo de 2024, con condiciones deficitarias de precipitación en varias regiones. Esto ha generado riesgos como desabastecimiento de agua, movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales y otros eventos extremos. Pero, los estudios han sido superados por la realidad, pues, se han registrado 954 municipios con algún nivel de alerta por incendios forestales, afectando a miles de hectáreas y dejando a casi 45,000 personas afectadas.

Es el Gobierno Nacional, el que debe, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizar recursos suficientes para apoyar a entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de gestión del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, ya que se demandan acciones coordinadas y medidas excepcionales para hacer frente a los impactos adversos en diversas regiones del país, protegiendo a la población y facilitando la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

No podemos negar la existencia de una situación de Desastre Nacional en todo el territorio y, si bien su declaratoria, por el término de doce (12) meses, prorrogables hasta por un periodo igual, requiere previo concepto, favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esa disposición, parece que dicho ente podría negarse a ver lo que es evidente.

La aprobación de la situación de desastre nacional es crucial para otorgar a las autoridades las herramientas y la flexibilidad necesarias para abordar de manera efectiva los desafíos planteados por los incendios y otros impactos asociados al Fenómeno El Niño. La no aprobación podrá agravar la crisis y dificultar la capacidad del país para responder de manera adecuada y coordinada.