Si algo se ha develado con ocasión de la actual pandemia, en Colombia y en todo el mundo, es la precariedad de los sistemas públicos de salud.  Equivocadamente la humanidad pensó, que pestes como la “gripa española”, o “la peste negra” o la “bubónica”, estaban borradas de la “faz” de la tierra. Además, la economía de mercado global pensó que los sistemas de salud debían ser autosostenibles y que los Estados debían ser simples moderadores de un sistema atribuido a los particulares. Nos equivocamos, la salud siempre tiene que ser un servicio público esencial a cargo del Estado y debe estar entre sus fines primordiales. Por ello la actual crisis sanitaria cogió a todo el mundo con los pantalones abajo. Ya vendrán después de la crisis las demandas de responsabilidad, buscando las fallas en los servicios de salud a cargos de los Estados,  lo que vislumbramos como otra pandemia.

Basta observar las sentidas quejas de los profesionales de la salud por tener que enfrentar su labor en la crisis sin los suficientes y adecuados equipos protectores.    Con razón han dicho que en lugar de los vanos epítetos de “héroes” y solitarios toques de diana al paso de el cortejo fúnebre de uno de ellos, mejor sería una adecuada dotación de equipos de sanidad para afrontar la pandemia. Por supuesto, que se están adoptando importantes medidas y se hace un gran esfuerzo por el Gobierno y los gremios por sacar adelante esta crisis; no podía ser menos; pero ciertos aspectos dan grima, como por ejemplo, la información: no saber a ciencia cierta el personal de sanidad que está en riesgo con esta crisis, cuántos por contratos de trabajo o de servicios; al punto que por decreto da un plazo de 72 horas para obtener la información. Dicen los gremios como Fasecolda que unas 680.000 personas están en ese riesgo inmediato, se requieren cuatrocientos mil millones para equiparlos adecuadamente, pero ya no hay ofertas de suministros en el mundo por el exceso de demanda.

La respuesta a los problemas de imprevisión en el sistema de salud no puede ser la que se observa en el Decreto 538 del 12 de abril de 2020, que prácticamente ordena el reclutamiento del personal de la salud, a manera de cómo se conforma un ejército; a la brava. Molesta el toque autoritario que están estrenando algunos gobernantes. Es bien sabido por la sociedad la labor humanitaria del personal de salubridad, pero de allí a obligarlos sin dotarlos adecuadamente, no tiene presentación. Mejor el estímulo, la prima especial está bien, o deducciones tributarias, o becas para los hijos, lo que sea, pero por esa línea.

Excusas han venido del Gobierno y promesas de corregir por vía de decreto reglamentario. El reglamento no es para borrar errores, ni para contradecir las leyes, es para ponerlas en práctica y ejecución. Mejor deroguen y reconozcan los errores. Bien el reclamo del Procurador para que esas primas o recursos se paguen directamente, no sea que se enreden en la maraña financiera de las entidades prestadoras de servicios de salud.

Tremenda e inútil alharaca armaron las cabezas de los entes de control, reclamando su independencia ante una labor de coordinación emprendida por la Vicepresidencia de la República. El poder no se reclama, se ejerce y más faltaba que ante semejante coyuntura no se les pudiera pedir colaboración y coordinación para evitar nuevos desfalcos en el sector que seguramente se vendrán.