Casi un mes desde la primera marcha de protesta, convocada inicialmente para rechazar un proyecto de reforma tributaria. La situación se ha ido agravando día a día hasta extremos inimaginables, y hoy tenemos una grave crisis caracterizada por excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos -muertos, heridos, desaparecidos, capturas sin orden judicial y hasta casos de violencia sexual-, vandalismo, bloqueos y civiles armados, todo lo cual se suma a las más altas cifras de contagios y fallecimientos por covid.  

La situación merece análisis objetivo. Se han cometido errores inocultables de tirios y troyanos, que sin duda han contribuido a generar un gran desorden: 

-El presidente de la República habría podido evitar la prolongación de las protestas si se hubiera abstenido de insistir en una iniciativa tributaria carente de apoyo popular y político, pero esperó a que hubiera violencia, muertos y desaparecidos, y solamente entonces ordenó el retiro del proyecto. Muy tarde, cuando ya en las calles se agregaban nuevos motivos de protesta. 

-Por otra parte, lejos de impartir órdenes precisas a la Policía para evitar excesos y disponer que se abstuvieran   de usar armas de fuego contra manifestantes -como lo dispuso el Decreto 3 de 2021- el presidente resolvió militarizar las ciudades. Y, entonces, se desencadenó una alarmante violencia policial, disparos indiscriminados   contra protestantes y no protestantes, y privaciones ilícitas de libertad. Se han divulgado cifras diferentes de muertos, heridos y desaparecidos durante las protestas, sin que los órganos de control hayan adelantado las investigaciones pertinentes, y sin que el Gobierno haya suministrado informes oficiales sobre tan grave situación. 

-La protesta es un derecho fundamental, garantizado en la Constitución, pero -reiteramos- debe ser pacífica. No hay derechos absolutos. La violencia, el uso de la fuerza, el vandalismo, el ataque a los bienes públicos y privados, la destrucción de vehículos y centrales de transporte, la vulneración de los derechos de los demás y la ruptura del orden jurídico… son elementos que no hacen parte de las libertades de expresión, de reunión ni de protesta. Pero los bloqueos y obstrucciones de las vías públicas han sido permanentes en todo el territorio, y mediante ellos -que tampoco hacen parte del derecho a la protesta- se ha impedido en muchos casos la llegada de medicamentos, ambulancias, productos de primera necesidad, insumos y alimentos a su destino, causando enorme daño a las personas y al país, sin que los organizadores del paro los hayan desautorizado.

- Han proliferado informaciones falsas de uno y otro lado, incrementando la violencia y el caos. 

- Voceros oficiales y organizadores del paro -que no representan a todos los marchantes- dilatan sin sentido el proceso de negociación, como si nada estuviera pasando.

- El Ejecutivo, por su parte, ha confundido la autoridad con la represión; no ha demostrado una genuina voluntad de diálogo; ha postergado decisiones que de todas maneras adopta tardíamente; ha designado como coordinador de negociaciones a un funcionario renunciante; no ha querido la presencia de la CIDH en el país y -desconectado de la realidad- ha preferido hablar a los colombianos en inglés sobre las elecciones de 2022. 

Todo se resume en un desgobierno sin antecedentes.