DIANA SOFÍA GIRALDO | El Nuevo Siglo
Viernes, 8 de Agosto de 2014

¿Proceso de paz sin verdad?

 

La inmensa mayoría de las  víctimas de la violencia en Colombia, son las víctimas más nobles, buenas y dispuestas a perdonar de las que hay en el mundo, por eso los actores políticos de la paz, están instrumentalizándolas sin compasión.

Estuvieron solas durante décadas, enterraron a su hijos, hermanos, madres y esposos en silencio, se vistieron de luto, peregrinaron por Colombia suplicando verdad, desenterrando fosas o caminando hasta los propios campamentos guerrilleros para dar con el paradero de los secuestrados, vieron aterradas cómo la sociedad privilegiaba a los victimarios en el escenario de “la democracia” y presas del miedo hicieron sus duelos en secreto, mientras que quienes hoy negocian sus derechos con impecable asepsia, miraban para otro lado.

Hubo un intervalo histórico, un despertar momentáneo de la sociedad, cuando se legisló para amparar sus derechos y se   trasladaron los reflectores sociales de los victimarios a las víctimas, gracias, entre otros, al pragmatismo del presidente Santos y al liderazgo del hoy ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en su condición de víctima sobreviviente, adquiere una responsabilidad histórica: no permitir un proceso de paz sin verdad. Él conoce en carne propia el valor que tiene la verdad, para concluir el duelo por el asesinato de su padre Jorge Cristo.

Pero, inexplicablemente, después de sancionada la ley no se hizo pedagogía a las víctimas sobre cómo acceder a sus derechos. No se utilizó, un instrumento tan poderoso como la televisión, que demostró ser tan efectiva en la reciente campaña electoral, al servicio de las víctimas. Jamás se les explicó el cómo acceder a sus derechos.

Entonces, ¿quiénes son los que han accedido a la ley? ¿Quiénes son los que han monopolizado los mecanismos de participación? Sólo un sector de las víctimas, las víctimas de paramilitarismo y de Estado, gracias a las organizaciones políticas de izquierda que las agruparon, les hicieron pedagogía, las empoderaron y convirtieron en activistas que coparon los mecanismos de participación. Allí  no sólo están quiénes han padecido en carne propia el horror de la confrontación, sino también comunidades vulnerables y abandonadas por sucesivos gobiernos, que encontraron en esta ley, una salida a la extrema pobreza. ¿Quiénes quedaron por fuera? Las víctimas de las guerrillas. No estaban organizadas, no conocían la ley y mucho menos los mecanismos de participación. Y cuando hoy alzan la voz, clamando verdad y pidiendo ser escuchadas, las revictimizan con acusaciones falsas, de no reconocer los derechos de las otras víctimas, de querer dividir, de politizarse etc, etc.

El dolor y el daño causados a la dignidad de un ser humano son los mismos, independientemente de quien sea el victimario. Sin embargo, en esta coyuntura histórica, el gobierno, legítimamente constituido, tiene la obligación de velar por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, particularmente, de las víctimas de las Farc, porque es el grupo con el que se dialoga.

Los reflectores se trasladaron nuevamente a los victimarios, y se mantiene la esperanza en los buenos resultados del proceso, pero este se debilitará sin verdad. Podrá haber poca justicia y la reparación siempre será insuficiente, pero sin verdad, se quedará sin aire.