IMPROVISACIÓN Y CREATIVIDAD
¿Alguien sabe para dónde vamos?
Las diversas fuerzas políticas, sociales y económicas tratan de reacomodarse en un nuevo escenario institucional cuyos contornos no están marcados pues los trazos se desdibujan tan pronto alguien trata de fijarlos. Es como jugar ajedrez en un tablero en donde los cuadros blancos se tornan grises, los negros claroscuros y las fichas caprichosamente cambian de lugar de partida.
Inquietan, a la vez, el nivel de improvisación y la creatividad para mantener copado y entretenido el escenario interno. Era casi preferible asumir la arrogancia del gobierno que descifrar su grado actual de improvisación en un tema tan neurálgico como el acuerdo de Justicia. El Congreso se desgasta tratando de no legislar, bajando umbrales, buscando complacer al Gobierno para no perderse la foto de la paz. Mientras tanto, por primera vez desde el inicio de los diálogos, el Gobierno se percibe a la defensiva.
Al país lo entretienen mientras se avanza paralelamente en otras direcciones. Las Farc, que siempre han sabido para donde van, buscan blindarse, frente a la justicia internacional, con una asamblea nacional constituyente en la cual coinciden con el uribismo. La guerrilla se blinda y Uribe va tras el espejismo de una eventual reelección, atraido por la insospechada posibilidad de aliarse con su antiguo peor enemigo, las Farc, en contra de su nuevo mayor enemigo: Santos. Una mezcla de maquiavelismo e ingenuidad. ¿Uribe vs. Timochenko copando el escenario mediático?
El pragmatismo de Santos parece haberse contagiado. Pero si no fuera por ese pragmatismo no habría ley de víctimas, ni se hubiera pedido perdón a las víctimas del Palacio de Justicia, así la motivación fuera complacer a las Farc, dando el Estado colombiano, el primer paso en el cumplimiento del acuerdo sobre desaparecidos.
El país se distrae con noticias como la posibilidad de acabar con el ya viejo indulto al M-19, de permitir el aborto indiscriminadamente y se allana la casa de un policía que se atrevió a denunciar la inequidad institucional. Y siguen encarcelados, como si fueran delincuentes, exministros como Sabas Pretelt y Diego Palacio, acusados de haber ofrecido puestos y no mermelada.
Entretanto, Farc y Gobierno avanzan silenciosamente en un acuerdo de justicia que les permita “no cárcel” para delitos de lesa humanidad y facilite la selección de los magistrados que los juzgarán a ellos y a los colombianos que las Farc decidan acusar. Todo esto con el beneplácito del Gobierno de EE.UU., sentado a la mesa, mientras su sistema judicial condena a 27 años de prisión al carcelero de los tres contratistas norteameticanos, secuestrados por las Farc. ¿Tienen entonces más derechos humanos los ciudadanos norteamericanos que los colombianos?
Y los ciudadanos, considerados tan aptos para soportar el estruendo de las bombas, sobrellevar el dolor, revivir tragedias como la del Palacio de Justicia y la de Armero, conmemorar asaltos de poblaciones y masacres, no lo son para informarles lo que se negocia en su nombre. Pero sí lo son para para castigar las tarifas de energía que no han consumido, para subirles los impuestos y hacerles sentir el imperio de la ley si se atreven a disentir.
De verdad ¿alguien sabe para dónde vamos?