El nuevo gobierno ha dicho que va a hacer dos cosas aparentemente contradictorias: de un lado, cumplir con los postulados de la regla fiscal; y de otro, desarrollar los frondosos anuncios de más gasto público ofrecidos durante la campaña.

Tal es la aparente cuadratura del círculo fiscal cuya superación hace indispensable la reforma tributaria que empieza a discutirse.

En efecto, si el gobierno se dedicara solamente a administrar lo que recibió, o sea a a cumplir con la regla fiscal, tendría que reducir en dos puntos porcentuales el déficit fiscal de ahora al 2025; disminuir fuertemente el endeudamiento que tuvo que contratarse durante el tiempo de la pandemia; y contraer en cerca de 10 billones de pesos la inversión pública el año venidero.

Es evidente que dentro de ese marco de austeridad fiscal no cabe el gobierno Petro. Y mucho menos sus ambiciosos programas sociales. De ahí la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que recoja entre 20 y 25 billones de pesos el año entrante.

Si esta reforma no se hace, prácticamente quedaría incumplido el ambicioso programa de gasto con el que se comprometió el presidente electo durante la campaña. Por eso se le ha dado primera prioridad a lo fiscal en la agenda legislativa.

Ahora bien, que la reforma sea indispensable no quiere decir que la presentada sea la mejor.

Algunos reparos justificados ya empiezan a mover tempranas rectificaciones. Veamos algunos: Se había dicho que la columna vertebral de la reforma tributaria sería la remodelación de la tributación de las personas naturales. No hay tal. El proyecto de reforma descarga un duro golpe sobre las personas jurídicas, apenas comparable al que recae sobre las personas naturales.

En la exposición de motivos puede leerse, por ejemplo, que a las personas jurídicas se les pretende gravar con 5 de los 25 billones que la nueva norma busca recaudar. A esto habría que agregarle 7 billones que se buscarán por los lados de las empresas petroleras (comenzando por Ecopetrol, demás petroleras y empresas mineras en general).

Lo anterior nos conduce -en una cuenta de servilleta- a que las personas jurídicas tributarán 12 billones (5+7), que es aproximadamente la mitad de lo que se busca recaudar con el total de la reforma propuesta. No es exacto pues que el grueso del esfuerzo se haga recaer sobre las personas naturales. El garrotazo cae por igual sobre jurídicas y naturales.

El proyecto de reforma le dispara sin clemencia a Ecopetrol, a las demás petroleras, al carbón y al oro. El verbo político de la campaña contra la economía extractiva sigue resonando en las normas propuestas. A estas empresas no solo se les prohíbe que puedan seguir descontando de su renta líquida lo pagado por regalías, sino que se les impone un tributo nuevo cuando el valor de sus exportaciones sobrepase límites señalados mediante una elaborada fórmula matemática que aparece en el texto de la reforma.

Se dice en la exposición de motivos que lo que se busca es captar para el Estado una parte de los beneficios que las empresas petroleras y mineras obtengan durante los periodos de auge en las cotizaciones de los productos básicos. Pero si tal es el propósito hubiera sido mucho más técnico gravar las utilidades extraordinarias que obtengan estas empresas más que las exportaciones mismas. Como está haciendo el Reino Unido en este momento.

Además, gravar las exportaciones es un peligroso antecedente. El día de mañana ante alguna penuria fiscal se puede recurrir, por ejemplo, a gravar las exportaciones de café, de flores, de banano, o de algún otro mineral, alegando que sus precios en los mercados internacionales exceden límites razonables.

El gobierno Petro considera que todo lo concerniente al IVA es intocable. Este puede ser un error de apreciación grave. Y no me refiero a los bienes alimenticios de primera necesidad que, evidentemente, no resulta conveniente gravar en este momento con más IVA. Me refiero a la conclusión ignorada en este proyecto a que llegó la comisión de expertos internacionales que presentó un magnífico informe sobre los privilegios tributarios en el 2021. Esta comisión arribó a la conclusión de que el 62% de los bienes y servicios que se producen en Colombia, de una u otra manera, se escabullen de la tributación. En lo que configura uno de los mayores focos de elusión y de regresividad que existe en el país. Nada de esto se toca en el proyecto de reforma tributaria.

El proyecto tiene un telón de fondo que es irreprochable: es necesario avanzar hacia una estructura más progresiva y equitativa en la fiscalidad colombiana.

Ahora nos falta conocer el segundo capítulo, que consiste en saber en qué se van a gastar los dineros que se recojan con la nueva reforma tributaria. La moderna literatura de la Hacienda pública enseña que el gasto bien focalizado redistribuye mucho más que el impuesto.

Ya sabemos cuál es la idea gubernamental sobre los nuevos impuestos. Resta por conocer cuál es la destinación que va a dársele a los nuevos recaudos.