El Presidente de la República sancionó la Ley que modificó la edad de retiro forzoso que establecía la fecha de los sesenta cinco años como la  máxima edad hasta la cual podían permanecer la mayoría de los empleados de las tres ramas del poder público, en ejercicio de sus cargos.  Ahora, con la nueva Ley,  se extiende hasta los setenta años el tiempo tope para poder disfrutar de los empleos públicos, sin tener que retirarse el funcionario.  Decimos mayoría, pues de entrada estaban excluidos el Presidente, sus ministros y los congresistas.

Desde hace muchos años era recurrente el proyecto de ley que pretendía lo mismo. Como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República  me correspondió preparar la objeción de uno de esos intentos, pues descaradamente se había introducido en el último debate de una Ley que nada tenía que ver con la materia.

Los principales abanderados siempre han sido los  colegas notarios, con sobradas razones, pues  son los que más sacrifican sus arcas cuando llega  el no deseado día del retiro forzoso. Ahora les quedará un período de cinco años más para que no tengan que vivir esa tristeza tan prematuramente.

También deben estar de plácemes los magistrados, fiscales y procuradores que ya no tendrán que retirarse  tan prontamente y en edad tan productiva.  Eso de pasar al sector privado no es halagüeño, cuando de lo que se priva el funcionario es de su carro oficial, de sus escoltas y de las prebendas de su cargo. Ya algunos  se habían inventado  la forma de burlar la Ley y quedarse seis meses más alegando que no había culminado el trámite de su pensión. Los de la Corte Constitucional más audaces habían decidido excluirse alegando que sus cargos eran posteriores a la norma, como si no hicieran parte del sistema que regula la función pública.   De otro lado, el Consejo de Estado excluyó al Contralor; sin explicar muy bien por qué, señaló por sentencia que no estaba cobijado por ese régimen.

Para tanta excepción  y tan variada burla a la norma, lo mejor se era de una vez por todas cambiarla. Pero nos parece que ahí no debería parar las cosas.  El paso siguiente sería reformar ciertos cargos  públicos que claramente implican una retribución excesiva por la  función y claramente  colocan en posición de privilegio al funcionario, al punto que no quiere retirarse y en lugar de disfrutar de su pensión y pasar al buen retiro, prefiere quedarse enriqueciéndose, así le cueste la vida.

Sería tan bien conveniente poder establecer el impacto que la medida va a tener el sistema pensional; por lo pronto, los prolongados  en sus cargos deben seguir cotizando y  la entrada al disfrute de la pensión  se alarga.  Eso sí, la fila de espera  para la lista de elegibles que esperan llegar a una notaría queda en suspenso por unos años más; lo mismo que la expectativa de todos aquellos funcionarios que aspiran a ascender en su carrera judicial o administrativa,  que ven aplazadas por cinco años más la posibilidad de vacantes por edad de retiro.